El todavía presidente de Chile, Sebastián Piñera, está en apuros. En la madrugada del martes 9 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó en una sesión de casi 24 horas que la acusación constitucional presentada por la oposición («impeachment» en Chile) por la aparición del político en los papeles de Pandora avance al Senado, el órgano que se encargará de juzgarle y donde se requiere un quórum más alto de dos tercios. No obstante, se antoja complicado que se alcance este consenso tan amplio en el Senado para destituir a Piñera del cargo.
Piñera, dijo este miércoles que el juicio político iniciado en su contra para destituirle «se basa en hechos falsos» y declaró estar «muy confiado en que el Senado va a desecharlo».
El juicio político empezará a ser discutido el martes 16 de noviembre en el Senado, apenas unos días antes de que Chile celebre el 21 de noviembre las elecciones más trascendentales e inciertas de su historia reciente en las que se decidirá precisamente al sucesor de Piñera.
«Esta acusación obedece al clima enrarecido de la política chilena y que los chilenos pudieron observar en la larga noche en que se debatió esta acusación en el Congreso y que en nuestra opinión tiene un claro e injustificado interés electoral», agregó el gobernante conservador.
De qué se le acusa
La oposición lo acusa de haber faltado al principio de «probidad» y «comprometer gravemente el honor de la Nación» basándose en que los papeles de Pandora revelaron presuntas irregularidades en la venta en Islas Vírgenes Británicas de la Minera Dominga a un íntimo amigo de la familia presidencial nueve meses después de que este asumiera el cargo para su primer mandato no consecutivo (2010-2014).
Según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la venta del proyecto debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, una decisión que dependía de Piñera, quien podría haber incurrido en un conflicto de intereses.
El presidente, una de las fortunas más grandes de Chile, defiende que se desvinculó de sus negocios a través de fideicomisos ciegos en 2009 y que lo revelado ya fue sobreseído en 2017, aunque el Ministerio Público ha abierto una nueva investigación.
«Se decretó que no había ninguna irregularidad y además se estableció mi total inocencia», insistió Piñera, quien se mantiene en el cargo pero no podrá salir del país hasta que finalice el proceso.
Se trata del juicio político contra un presidente que más ha avanzado en la historia del país y es el segundo intento de juzgar políticamente a Piñera, tras el fallido conato de noviembre de 2019 por presuntas violaciones a los derechos humanos en medio del estallido social, las protestas más graves desde el fin de la dictadura.