El martes por la tarde, el gobierno italiano anunció el estado de emergencia en Italia durante una reunión del Consejo de Ministros del Gobierno de Giorgia Meloni, con el objetivo de enfrentar el desafío migratorio. Aunque aún no se conocen las implicaciones de esta medida, que cuenta con un solo precedente en este ámbito, el anuncio claramente busca enviar un mensaje de advertencia a Bruselas y a los demás miembros de la Unión Europea. Italia siente que el tema no está siendo abordado de manera colectiva. La decisión también crea una oportunidad legal para derogar las normas existentes y tomar medidas que hasta ahora no se habían considerado, especialmente en lo que respecta a la expulsión de inmigrantes en situación irregular.
En los últimos 20 años, Italia ha declarado el estado de emergencia 128 veces, normalmente en respuesta a desastres naturales como terremotos o inundaciones. En 2011, el entonces primer ministro Silvio Berlusconi recurrió a esta medida para abordar un problema similar, pero enfatizando su carácter “humanitario” y con el propósito de redistribuir a los inmigrantes por todo el país para aliviar la presión en algunas regiones. La última vez que se utilizó esta figura legal, que permite tomar decisiones excepcionales sin consultar al Parlamento, fue durante la pandemia.
Cuestión migratoria
El gobierno actual llegó al poder prometiendo abordar con firmeza y severidad la cuestión migratoria, y criticó a sus predecesores por su enfoque. Sin embargo, desde entonces, los flujos migratorios se han triplicado a pesar de las promesas electorales. Los números no favorecen al gobierno de Meloni: en los últimos tres días, más de 3.000 personas han llegado a las costas italianas, según medios locales; las negociaciones con la Unión Europea no han dado los resultados esperados; y la gestión de desastres como el naufragio en las costas de Calabria en febrero pasado (con 91 víctimas) no ha generado confianza en el gobierno.
Ahora, el estado de emergencia se ha declarado en todo el territorio nacional a propuesta del ministro para la Protección Civil y las Políticas del Mar, Nello Musumeci. Teóricamente, esto tiene como objetivo abordar el aumento de llegadas por mar a través de la ruta del Mediterráneo. La medida contará con un fondo inicial de cinco millones de euros y durará seis meses.
Durante ese tiempo, el gobierno espera controlar una situación que, en términos numéricos, ha estado fuera de control desde hace tiempo. Las llegadas a Italia han aumentado a 28.285 desde el comienzo de 2023, casi cuatro veces más que las 6.938 registradas en el mismo período de 2022. La mayoría de estas llegadas tuvieron lugar en marzo (13.216), y se espera que la tendencia continúe aumentando en las próximas semanas, lo que justifica, según el gobierno de Meloni, la necesidad de medidas extraordinarias.
