El Gobierno del Reino Unido, liderado por el primer ministro Rishi Sunak, ha anunciado un endurecimiento significativo de las medidas para reducir la inmigración ilegal, elevando el salario mínimo para los visados de trabajo cualificados a 45.000 euros anuales. Esta decisión, anunciada durante la COP28 en Dubái, forma parte de un conjunto de restricciones destinadas a disminuir la migración neta legal, la cual se ha triplicado desde el Brexit.
El nuevo responsable del Interior, James Cleverly, reveló en el Parlamento de Westminster que las medidas esperan reducir la inmigración por rutas oficiales en unas 300.000 personas. Cleverly enfatizó la necesidad de estas medidas recordando que la migración alcanzó su punto máximo en diciembre de 2022 con 745.000 migrantes, una cifra muy superior a los 240.000 estimados antes de la salida de la Unión Europea.
Desde el Brexit, el Reino Unido adoptó un sistema de puntos para la política migratoria, adaptado a las necesidades del mercado laboral en diversos sectores. Este cambio resultó en una disminución de las entradas desde la UE y un aumento de las llegadas del resto del mundo.
Nuevas restricciones
Las nuevas restricciones del Gobierno de Sunak contra la inmigración ilegal incluyen un plan de cinco puntos que limita las opciones y derechos de empresas, trabajadores y estudiantes extranjeros, así como de sus familiares dependientes. Además del aumento en el salario mínimo para profesionales cualificados, que se implementará en la primavera de 2024, se exigirá un nivel de sueldo similar para los residentes extranjeros que deseen traer dependientes al país.
El Ejecutivo británico también busca reducir el número de familiares permitidos en un visado de trabajo, en línea con la promesa del Brexit de «recuperar el control de las fronteras». Esta medida tiene como objetivo frenar la llegada legal de extranjeros y terminar con las peligrosas travesías en bote a través del Canal de la Mancha.
Se espera que el Ministerio del Interior anuncie próximamente una nueva estrategia para relanzar el plan de deportación de solicitantes de asilo a Ruanda, tras ser bloqueado por el Tribunal Supremo. El plan migratorio, según Cleverly, debe ser «justo, consistente, legal y sostenible». Sectores como la sanidad y la asistencia social, que enfrentan escasez de mano de obra, estarán exentos del alto nivel salarial, pero se limitará el número de familiares que pueden acompañar a los nuevos contratados.
