La Unión Europea ha anunciado un acuerdo con el Gobierno libanés que involucra una ayuda financiera de 1.000 millones de euros. El objetivo principal de este pacto es fortalecer el control fronterizo en Líbano para desalentar la migración y el flujo de refugiados hacia la Unión Europea. Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia europea de externalización fronteriza, que ya ha establecido acuerdos similares con países del norte de África como Marruecos, Túnez y Egipto.
El anuncio de esta alianza tuvo lugar en Beirut, con la visita de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Nikos Christodoulides, presidente de Chipre, país que se ha visto particularmente afectado por el aumento de llegadas desde Líbano en los últimos meses. La cercanía geográfica entre ambas costas, apenas unos 160 kilómetros, ha facilitado este incremento en las cifras de migración. Desde principios de año, cerca de 4.000 migrantes y refugiados han llegado a las costas de Chipre desde Líbano, en comparación con los 78 del mismo período del año anterior, según datos de ACNUR.
Falta de recursos
Las autoridades chipriotas han expresado su preocupación ante esta situación, calificándola de “abrumadora” debido a la falta de recursos para gestionar todas las llegadas en un territorio tan pequeño. La suspensión de las solicitudes de asilo por parte de ciudadanos sirios, anunciada recientemente, refleja la creciente inquietud frente a la situación. El conflicto en Gaza y las tensiones regionales han aumentado el temor de que más población refugiada busque llegar a la UE a través de esta ruta.
El acuerdo entre la Unión Europea y Líbano busca abordar estos desafíos mediante el fortalecimiento del control fronterizo y el apoyo a las comunidades de acogida y a los refugiados sirios en Líbano. La crisis económica que enfrenta el país, con una devaluación de su moneda del 90% respecto al dólar, ha exacerbado la situación y ha generado un aumento en la emigración, tanto de sirios como de libaneses, hacia otros países por vía marítima.
Sin embargo, estos acuerdos de la UE han sido objeto de críticas por parte de grupos de derechos humanos, que señalan la falta de transparencia y el posible riesgo de violaciones de derechos de los migrantes en los países receptores de la ayuda financiera.
