La Unión Europea ha llegado a un acuerdo histórico para implementar la primera ley de regulación de la inteligencia artificial (IA) a nivel mundial. Lo hace en un paso importante hacia la reglamentación de las tecnologías emergentes que han sido protagonistas de este 2023. Esta legislación, conocida como el Acta de IA de la UE, busca establecer un marco legal integral para el desarrollo y uso de la IA, destacando la seguridad, la transparencia, la trazabilidad, la no discriminación y la sostenibilidad ambiental de estos sistemas.
La ley, que aún debe recibir la ratificación del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, fue el resultado de intensas negociaciones que duraron más de 36 horas. Aborda aspectos cruciales como la regulación de la vigilancia biométrica, el uso de IA por parte de las fuerzas de seguridad y establece reglas específicas para plataformas como ChatGPT y DALL-E. La ley permitirá el uso de cámaras de identificación biométrica en espacios públicos únicamente con autorización judicial y en casos de amenazas terroristas.
Transparencia y derechos de autor
La normativa también establece una prohibición sobre el uso de sistemas de categorización biométrica basados en creencias políticas, religiosas, filosóficas, raza u orientación sexual. Además, pone énfasis en la transparencia y el respeto a los derechos de autor en sistemas de IA generativa, como aquellos que crean textos, canciones o imágenes. La Oficina Europea de Inteligencia Artificial, creada como parte de esta ley, coordinará el uso de la tecnología entre las autoridades nacionales.
El Parlamento Europeo ha priorizado que los sistemas de IA utilizados en la UE sean seguros, transparentes, trazables, no discriminatorios y respetuosos con el medio ambiente. Además, se busca establecer una definición uniforme y tecnológicamente neutra para la IA que podría aplicarse a futuros sistemas de IA.
La ley clasifica los sistemas de IA en función del riesgo que representen para los usuarios, con diferentes niveles de riesgo que implicarán más o menos regulación. Se espera que la ley entre en vigor en 2026, con multas de hasta 35 millones de euros para los infractores. Esta legislación marca un hito en la gobernanza de la IA, estableciendo un precedente para futuras regulaciones a nivel mundial.
