En primer lugar, el Colegio de Farmacéuticos desea manifestar que ni los servicios jurídicos de la corporación ni tampoco los del Gobierno regional han encontrado ningún conflicto legal en el proyecto de Ley de Farmacia. El contenido de los artículos y disposiciones recogidos en la norma desarrolla lo establecido en la legislación básica del Estado en vigor, como no puede ser de otro modo, y se limita a regular la ordenación y la atención farmacéutica como derecho sanitario de los ciudadanos.
El Colegio entiende, por otra parte, que ninguna profesión sanitaria tiene derecho a marcar líneas rojas de actuación y a descalificar a una profesión, de forma tan injusta como gratuita como así se ha hecho, por tratar de implicarnos más a fondo en el seguimiento y cumplimiento de los tratamientos farmacológicos y en el correcto uso de los medicamentos de los pacientes más vulnerables, competencias farmacéuticas perfectamente delimitadas en nuestro marco jurídico (artículo 1, puntos 5,6,7,8 y 9 de la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia).
Ni la Sanidad ni la atención sociosanitaria de los ciudadanos son coto de nadie, ni tampoco parcelas segmentadas. El espíritu del proyecto de Ley, como así se indica en el preámbulo y en distintos artículos, responde al trabajo multidisciplinar de todos los profesionales sanitarios, desde la formación, funciones y competencias de cada una de las profesiones, precisamente para ofrecer una respuesta integral a las necesidades de los ciudadanos.
El único objetivo que buscamos como profesionales sanitarios es la salud de los ciudadanos y el sostenimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS). El proyecto de Ley de Farmacia tiende precisamente puentes en esta dirección al desarrollar el principio de integración en equipos interprofesionales para colaborar con nuestros compañeros en los distintos niveles asistenciales de atención farmacéutica y potenciar la intervención del farmacéutico como agente de salud, una vez que se ha demostrado su eficacia y eficiencia en servicios de seguimiento farmacoterapéutico y adherencia terapéutica, una de las principales lagunas del SNS.
Los farmacéuticos madrileños estamos trabajando en este objetivo compartido de prevenir la enfermedad y promocionar la salud de los ciudadanos desde nuestras propias competencias, como profesionales expertos en el medicamento. No en vano la formación académica en farmacología del farmacéutico consta de 825 horas y 33 créditos, frente a las 375 horas y 15 créditos de Medicina, las 250 horas y 10 créditos de Veterinaria o las 150 horas y seis créditos de Enfermería.
Resulta, por lo tanto, difícil de entender y mucho menos defender jurídica y profesionalmente que los farmacéuticos no somos competentes para hacer “seguimiento de la medicación en programas de adherencia de pacientes mayores, crónicos, polimedicados y dependientes” e “intervención en la mejora de la adherencia a los tratamientos”, cuando somos los profesionales sanitarios más preparados en el uso del medicamento y más accesibles y cercanos a la población.
Consideramos, por último, que alimentar un falso debate de competencias desde posiciones corporativistas con una profesión con la que compartimos tanto es un flaco favor para los propios profesionales, la salud de los ciudadanos y el futuro del Sistema Nacional de Salud.
