España y Portugal anunciaron este martes que han llegado a un «acuerdo político» con la Comisión Europea (CE) para limitar durante un año el precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad en la península ibérica y abaratar así el coste de la luz, una rebaja que los consumidores notarán a partir de mayo. El pacto tendrá una duración de doce meses y empezará con un precio medio del gas de 40 euros -frente a los 90 actuales- para estabilizarse en unos 50 euros de media en todo el periodo.
«Es un buen acuerdo que efectivamente nos protege de las turbulencias que estamos viviendo, del aumento del precio del gas, en los próximos meses», dijo la vicepresidenta española y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera en una rueda de prensa junto al titular portugués de Acción Climática, Duarte Cordeiro.
Los países ibéricos contaban con el apoyo de países como Francia, Italia o Rumanía, pero se encontraron con la oposición de Alemania, Países Bajos o los nórdicos
Se podrá aplicar una vez España y Portugal introduzcan en su propuesta los detalles de la última negociación y trasladen la notificación formal a la Comisión Europea. Los países ibéricos contaban con el apoyo de países como Francia, Italia o Rumanía, pero se encontraron con la oposición de Alemania, Países Bajos o los nórdicos.
Finalmente, el pasado marzo, los Veintisiete concedieron a Madrid y Lisboa la llamada «excepción ibérica» por su escaso nivel de interconexión con el resto de la UE y su alta tasa de renovables, lo que abrió la puerta para que ambas capitales negociaran con Bruselas un mecanismo temporal para limitar el contagio del gas en la factura de la luz.
La vicepresidenta española reconoció que el «punto de partida» de la propuesta de Madrid y Lisboa eran 30 euros, no los 50 del acuerdo final, y subrayó que la excepción ibérica se extenderá durante un año, y no sólo hasta final de año como preveía el borrador hispano-luso.
Interconexión con Francia
Uno de los puntos «sensibles» de la negociación con las autoridades comunitarias ha sido cómo articular las exportaciones de electricidad desde la península ibérica a Francia, según reconoció la vicepresidenta española, puesto que Bruselas temía que pudiera generar distorsiones en el mercado interior. «Aquí es donde la Comisión ha indicado que pedía flexibilidad para no introducir limitaciones adicionales en frontera, pero obviamente el consumidor francés tendrá que pagar lo mismo que el consumidor ibérico», explicó Ribera.
