El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, martes 20 de julio, la Ley de Memoria Democrática, una nueva norma que sitúa a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura como eje de la «acción política» del Gobierno y que según el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, homologa la legislación española al del resto de países europeos.
En su primera intervención en una rueda de prensa tras la reunión del remodelado Gabinete de Pedro Sánchez, Bolaños ha puesto énfasis en que la nueva ley, heredera de la Ley de Memoria Histórica de 2007, cumple con los cuatro principios fundamentales que postulan los organismos internacionales en materia de memoria histórica: verdad, justicia, reparación y deber de memoria. Es importante recordar que su predecesora en el cargo, Carmen Calvo, trabajó durante varios meses en la configuración del nuevo proyecto de ley.
Para ello, contempla un amplio catálogo de medidas ya recogidas en el anteproyecto que recibió el visto bueno del Ejecutivo el 15 de septiembre y que «ha mejorado», según ha garantizado, tras recoger sugerencias procedentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo Fiscal y del movimiento memorialista.
Ha citado el ministro las más significativas, entre ellas la obligación del Estado de acometer las labores para la recuperación de los restos de los desaparecidos, la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para resignificar el enclave o la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para investigar los crímenes del franquismo.
El Gobierno quiere consenso
En su intervención, Bolaños ha manifestado su intención de recabar el mayor apoyo posible durante la tramitación parlamentaria de la ley. Incluso ha asegurado que el Ejecutivo buscará la «unanimidad» porque entiende que «nadie» puede oponerse a que los familiares de las víctimas recuperen los restos de sus allegados y a una ley que solo quiere rendir homenaje a estas víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.
La supresión de la Fundación Francisco Franco y la exhumación de José Antonio Primo de Rivera, en los planes del Ejecutivo
Sobre la posible disolución de la Fundación Francisco Franco como entidad dedicada a la apología del franquismo que estaría incluida en los supuestos de extinción previstos en la norma, Félix Bolaños ha afirmado que no será «inmediata», una vez que entre en vigor tras su aprobación por el Parlamento, y ha augurado que el procedimiento que se podrá abrir seguramente acabará en los tribunales.
También ha recordado que el proyecto impide que pueda haber enterramientos en lugares preeminentes de la Basílica del Valle de los Caídos, algo que, tras la exhumación de Francisco Franco, afecta ahora a los restos del que fue fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, que también tendrán que ser retirados. Eso sí, ha asegurado que cuando se emprenda su traslado el Gobierno procurará hacerlo «de manera pactada» con los familiares.
El PP no apoyará la ley de Memoria Democrática y aprovecha para culpar al Gobierno de los desorbitantes precios de la luz
Cuca Gamarra, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, ha insistido este martes en que registrarán su Ley de la Concordia y ha pedido al Gobierno que «no mire al pasado y divida a los españoles» y se ocupe de los problemas del día a día como la subida de la factura de la luz, que se ha disparado un 35 % respecto al año pasado.
«España no necesita un Gobierno que mire al pasado y que divida a españoles. No necesita reescribir la historia sino que dé soluciones a los problemas reales», ha dicho tras lamentar que el Ejecutivo de Sánchez «se lleve las manos a la cabeza cuando la luz subía el 20 % y ahora se muestre impasible ante una subida de más del 30».
