El contrato por un importe de 1,5 millones de euros adjudicado en 2020 por la Comunidad de Madrid por vía de emergencia para la compra de mascarillas a la empresa Priviet Sportive S.L., propiedad de un amigo de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, está bajo sospecha.
El principal accionista de Priviet Sportive S.L. es Daniel Alcázar, un empresario con quien la presidenta madrileña y su hermano Tomás tienen amistad desde niños, según ha publicado ‘eldiario.es’.
Desde el entorno de la presidenta niegan la existencia de irregularidad alguna en el contrato, que permitió la compra de 250.000 mascarillas FFP2 y FFP3 para el pabellón 10 del hospital de campaña instalado en Ifema en la primera ola de la pandemia.
Según han publicado los diarios ‘El Mundo’ y ‘El Confidencial’, la cúpula del Partido Popular ordenó investigar a Ayuso por la adjudicación de este contrato sanitario presuntamente relacionado con su hermano, Tomás Díaz Ayuso, en una supuesta operación en la que también estaría implicada la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).
La denuncia de un posible espionaje contra la presidenta, por una parte, y las informaciones sobre presuntas comisiones cobradas por su hermano, por parte de Génova, abren un nuevo capítulo en la guerra abierta entre la dirección nacional del PP y Díaz Ayuso por el control del partido en Madrid.
Ayuso defiende la “legalidad” del contrato
“Si dirigentes del PP quisieran aclarar algún contrato, tan solo tenían que pedirlo, ya que todos están en el portal de Transparencia”, ha dicho la presidenta madrileña en una comparecencia sin preguntas en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.
“El hecho de preparar un dossier no era para buscar ninguna verdad, sino para desprestigiarme personal y políticamente”, ha apuntado Ayuso. La jefa del Ejecutivo madrileño ha subrayado que “no hay ninguna ilegalidad” en el contrato al que se refieren.
Y ha apostillado: “Pregunté a mi hermano, quien me confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal. Que todo está regulado ante Hacienda y declarado”.
Un contrato adjudicado durante el primer estado de alarma
Los servicios de prensa de la Comunidad de Madrid han distribuido tres documentos relacionados con el contrato, siendo uno de ellos la resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del 1 de abril de 2020, con el primer estado de alarma en vigor, por la que se declara la emergencia en la tramitación del expediente de contratación de Priviet Sportive S.L. para la adquisición de 250.000 mascarillas, para el pabellón 10 de Ifema, por un importe de 1.512.500 euros, y se ordena la ejecución de actuaciones para hacer frente a la situación sobrevenida.
La Viceconsejería de Asistencia Sanitaria argumenta en la resolución del 1 de abril de 2020 que ante la situación de infección por coronavirus en España, “a fin de garantizar la protección de pacientes y profesionales sanitarios desde el Servicio Madrileño de Salud, se hace necesario acudir a la tramitación de emergencia (…) para la adquisición centralizada de Equipos de Protección Individual”.
Desde la Comunidad de Madrid también se ha repartido a los medios de comunicación el informe del 20 de mayo de 2020 por el que la Consejería de Sanidad da cuenta al Consejo de Gobierno de las resoluciones sobre la tramitación de emergencia de la contratación de suministros de material sanitario para el hospital de campaña de Ifema, por la situación creada por la pandemia de la covid-19, por un importe global de 4.289.950,72 euros, entre los que se encuentra la compra de mascarillas a Priviet Sportive S.L. por 1.512.500 euros.
Igualmente, se ha difundido la referencia de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid del 20 de mayo de 2020, entre los que figura el informe de la Consejería de Sanidad citado anteriormente.
