En la primera reunión del Consejo de Ministros en este mes de julio, coincidiendo con la gira del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por los territorios bálticos; el Ejecutivo ha sacado adelante proyectos e iniciativas relevantes para la opinión pública: pensiones, libertad sexual, empleo público…
Esta cascada de reformas y de leyes está teniendo lugar en un contexto político despejado de procesos electorales. Después de las elecciones en Cataluña y en Madrid, y tras haber conseguido que el 40% de la población española esté inmunizada; el Gobierno de coalición se está focalizando en aprobar decretos, leyes y anteproyectos de ley.
‘Solo sí es sí’
En la rueda de prensa celebrada en La Moncloa -en la que han participado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Economía, Nadia Calviño,- se ha anunciado la aprobación de la ley orgánica integral de libertad sexual, la conocida como ‘Solo sí es sí’.
A continuación, al ser ley orgánica, se pondrá en marcha su tramitación parlamentaria. Los principales puntos son la regulación del consentimiento expreso, el fin de la diferenciación entre abuso y agresión sexual, la persecución de la industria proxeneta y la ampliación del concepto de violencia de género más allá del ámbito de la expareja y la pareja.
Reforma de las pensiones
Debido a la complicación de la subsistencia del sistema público de pensiones en España, la reforma de las pensiones lleva paralizada varios años en el país. No obstante, el Gobierno -representado en mayor medida por José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones- ha acordado con los agentes sociales el anteproyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones.
En términos prácticos, el Ejecutivo propone revalorizar las pensiones con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), adoptar medidas para acercar la edad de jubilación real a la legal (evitar prejubilaciones) y ha dejado de plazo hasta noviembre para fijar un nuevo modelo de ajuste que sustituya al factor de sostenibilidad, introducido por el PP en anteriores legislaturas.
Objetivo: reducir la temporalidad en el empleo público
Las pensiones y la ley de libertad sexual no son los únicos temas que se han puesto encima de la mesa esta mañana. El Ejecutivo ha sacado adelante por decreto ley el proyecto para mitigar la interinidad en la Administración Pública. La iniciativa la ha llevado el ministerio que dirige Miquel Iceta -Política Territorial y Función Pública- y ha fijado un máximo de tres años a la relación de interinidad con el empleado y sanciones por su incumplimiento.
Además, la intención del Gobierno es compensar económicamente a quienes no superen la oposición, tanto si son funcionarios interinos como personal laboral.