El PSOE y Junts han alcanzado un histórico acuerdo que allana el camino para la investidura de Pedro Sánchez. Este pacto incluye un amplio rango de compromisos, entre los que destaca una ley de amnistía que abarcará los hechos relacionados con el conflicto político en Cataluña desde 2012 hasta 2023. Además, se acordó la creación de una mesa de diálogo con un mediador internacional, donde Junts planteará la posibilidad de un referéndum amparado por el artículo 92 de la Constitución, propuesta que el PSOE rechaza.
Santos Cerdán, el número tres del PSOE, ha destacado la trascendencia del acuerdo, calificándolo como un hito que establece una estabilidad de cuatro años para la legislatura. El expresidente catalán Carles Puigdemont ha expresado su satisfacción con el acuerdo, considerándolo un paso para devolver el conflicto político al ámbito de la política. Por su parte, el PSOE ha subrayado su compromiso con la negociación y los acuerdos para resolver el conflicto histórico entre Cataluña y España.
Si bien el acuerdo ha sido celebrado por ambas partes como un avance crucial, también ha generado críticas y tensiones. El relato del procés en el texto del acuerdo refleja una perspectiva cercana a las tesis independentistas, culpando principalmente al anterior gobierno del Partido Popular por no buscar soluciones negociadas. A pesar de ello, se evita hacer reproches directos a los jueces en el documento, una línea roja para los socialistas.
Mesa de diálogo y más autogobierno
El acuerdo entre PSOE y Junts contempla una mesa de diálogo con dos áreas de discusión principales: la superación de los déficits y limitaciones del autogobierno y el reconocimiento nacional de Cataluña. A pesar de la disposición a discutir diversos temas, persisten diferencias notables, especialmente en lo referente a la propuesta de un referéndum de autodeterminación planteada por Junts, que el PSOE rechaza a favor de un enfoque basado en el desarrollo del Estatuto de Cataluña de 2006.
El pacto sobre la ley de amnistía ha suscitado tensiones adicionales, especialmente en relación con la inclusión de ciertos nombres en la lista de beneficiarios. La cuestión del «lawfare» y su interpretación en el documento ha generado críticas por parte del sector judicial, que teme una intromisión del poder legislativo en el judicial.
A pesar de los desafíos y las críticas, las partes han manifestado su compromiso de avanzar en la firma final del acuerdo, prevista para los próximos días. Se espera que este pacto allane el camino para la investidura de Pedro Sánchez y genere un nuevo marco de diálogo y negociación para abordar el conflicto histórico entre Cataluña y España.
