El Supremo se ha opuesto en un contundente informe a conceder el indulto a los doce líderes independentistas condenados por el «procés» por ser «una solución inaceptable» ante su «voluntad de reincidir», lo que compromete la futura decisión del Gobierno que se verá impedido a optar por un indulto total.
La Sala de lo Penal ha emitido su informe – que es preceptivo pero no vinculante para el Ejecutivo – en el que rechaza rotundamente conceder el indulto total o parcial, de manera que el Gobierno deberá abordar un asunto complejo y sensible a la opinión pública con los dictámenes del Supremo y la Fiscalía, ambos negativos.
Y lo hará limitado porque la ley de 1870 que regula la medida de gracia impide al Ejecutivo otorgar el indulto total si el tribunal sentenciador no aprecia razones de justicia, equidad o utilidad pública que legitimen el indulto, lo que aboca al Gobierno a optar como máximo a un indulto parcial, ya sea rebajando parte de la pena o conmutándola por otra menos grave.
Esto es así porque el Supremo no aprecia razones de equidad, justicia o utilidad pública que justifiquen la medida de gracia y destaca que «no hay la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento» entre los presos, cuyas penas ve proporcionadas.
Oposición y ERC traslada cada vez más presión al Gobierno
Pero la presión hacia el Gobierno no la monopoliza solo la oposición sino que desde Cataluña, el president Pere Aragonès ha reclamado una solución «lo más justa y lo más pronto posible» que pase por una «amnistía», si bien no se «opondrá» a los indultos, tras cargar contra el Supremo por seguir con su «línea represiva».
El Gobierno tiene previsto resolver esta cuestión en verano aunque su decisión no cerrará este capítulo toda vez que PP, Ciudadanos y Vox han anunciado que recurrirán al Supremo en caso de que Sánchez conceda la medida de gracia.
