El Gobierno de España publicó ayer, miércoles 5 de mayo, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que envió a Bruselas el pasado viernes. En los 30 apartados del documento que debería garantizar que Bruselas proporcione a España 140.000 millones (72.000 millones en ayudas directas) entre 2021 y 2026 para combatir la crisis económica provocada por la pandemia, prevalecen reformas tributarias e inversiones estructurales. Nadia Calviño, vicepresidenta económica, ha comparecido hoy en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso para informar sobre el Plan de Recuperación remitido a Bruselas.
Subidas de impuestos
El Ejecutivo ha incluido en el proyecto de recuperación extender el peaje a las autovías y autopistas del país a partir del 2024. Tampoco descarta ampliar el «mecanismo de pago» a todas las carreteras españolas -nacionales, regionales y locales-.
En el marco de reforzar la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente, el Ejecutivo apuesta por «revisar la fiscalidad del sector aéreo para actuar sobre las emisiones». Es decir, planea un incremento de los impuestos en el sector. A su vez, prevén subir el impuesto al diésel a partir del próximo año para equiparar de forma «progresiva» la fiscalidad del diésel a la de la gasolina.
Plan de inversión en el turismo
El sector turístico, uno de los más afectados por la pandemia, es un epígrafe trascendente en el plan económico del Gobierno para los próximos años. Con el objetivo de mejorar la competitividad del sector turístico, el Gobierno, a través de inversiones con los fondos europeos, se compromete a crear más de 100.000 empleos en la industria turística. La sostenibilidad, que es uno de los pilares de este Ejecutivo, también estará ligada a la recuperación del sector turístico. «Transformación hacia un modelo sostenible de turismo», se puede leer en el Plan de Recuperación.
Más medidas e inversiones
En la propuesta remitida a la Comisión Europea destaca también el objetivo de aprobar en 2022 un sistema para no asfixiar a los jóvenes con el gasto de las pensiones de las generaciones de jubilados más numerosas y la sustitución del factor de sostenibilidad que aprobó el PP de Mariano Rajoy en 2011.
En cuanto a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) estructurales se financiarán con aportación de empresas, trabajadores y la Administración. Hoy mismo, el Gobierno ha propuesto a sindicatos y empresarios ampliar los ERTEs hasta finales de septiembre.