Los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) han urgido a la Comisión Europea en una reunión en Bruselas a implementar medidas adicionales y urgentes para calmar las crecientes protestas de los agricultores durante las últimas semanas. Frente a una masiva protesta de tractores que paralizó el centro de Bruselas, estos llamados buscan aliviar la carga burocrática que pesa sobre los agricultores, en medio de tensiones crecientes que amenazan con influir en las próximas elecciones europeas.
Luis Planas, el ministro español de Agricultura, ha destacado la necesidad de acelerar las reformas, especialmente en vista de las elecciones europeas que se aproximan en menos de tres meses. La manifestación de casi un millar de tractores y agricultores en las puertas de las instituciones europeas subraya la urgencia de la situación.
Bruselas mueve ficha
La Comisión Europea ya ha propuesto ciertas medidas para simplificar los requisitos medioambientales vinculados a la Política Agrícola Común (PAC), pero los Estados miembros consideran que estas acciones son insuficientes. Exigen normas más flexibles, incluyendo una “condicionalidad flexible” que permita adaptaciones en la rotación de cultivos y el manejo de tierras de barbecho, entre otros aspectos.
Además, se plantea el apoyo a un aumento de las ayudas de minimis, que son ayudas estatales de bajo importe que no requieren autorización previa de Bruselas. Estas demandas vienen en respuesta a los múltiples desafíos que enfrenta el sector, incluyendo el impacto de la guerra en Ucrania y las ambiciones medioambientales del Pacto Verde Europeo.
El comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha sugerido hacer voluntarias algunas normas de condicionalidad, en el contexto de los eco-regímenes, como una forma de incentivar la adopción de prácticas medioambientales sin imponerlas.
Esta serie de protestas y demanda de más medidas de los agricultores surge en un contexto de malestar generalizado en el campo europeo, exacerbado por lo que se percibe como una “avalancha total de normativas” relacionadas con el Pacto Verde Europeo y la transición hacia una nueva PAC. Los Estados miembros y Bruselas reconocen la necesidad de actuar para resolver estas preocupaciones, anunciando medidas para simplificar los requisitos medioambientales, reducir la carga administrativa y adaptar las inspecciones.
