La crisis sanitaria del Covid-19 ha llevado aparejada una económica sin precedentes. España pierde empelo y tejido empresarial. Y lo hace a un ritmo vertiginoso e inédito hasta ahora. En apenas 14 días de estado de alarma se perdieron casi un millón de puestos de trabajo y, en un mes, se han destruido más de 122.000 negocios.
Las cifras de la Seguridad Social reflejan que se ha producido la mayor caída en la historia, destruyéndose un total de 122.240 empresas en España. En total, son 1.367.493 los empleadores, lo que supone la cifra más baja desde 2013. Sin duda, uno de los años más duros de la crisis anterior.
En 15 días de estado de alarma, se perdieron más de 40.870 autónomos. Un mazazo para uno de los colectivos más débiles. Muchos mantienen sus negocios cerrados, sin ingresos. Pero las facturas, las cuotas de Seguridad Social y Hacienda se tiene que seguir pagando.
Sin posibilidad de poder despedir, solo de ajustar plantilla con ERTE, muchos se ven ahogados. Precisamente la rigidez laboral, ha avisado ya la patronal, es uno de los principales riesgos para mantener el empleo. La medida de no poder despedir en los seis meses posteriores a la crisis es una trampa para los empleadores. Los empresarios han pedido, sobre para pymes y autónomos, que se suspendan las cotizaciones y el pago de impuestos. Algo que ya se ha hecho en 22 países de Europa.
Paralización de la economía
El alcance de las medidas del Gobierno está considerado como escaso por la clase empresarial. Se debe mantener a flote sin ingresos y con la actividad paralizada o muy militada.
El mismo día que Sánchez anunciaba una nueva prórroga del estado de alarma, la CEOE publicaba un comunicado en el que confiaba que el nuevo plazo sirviera para acelerar la salida a la crisis sanitaria. Pero también avisaba de que “podría hacer más profunda la recesión económica”. En la que muchos sectores y empresas ya están inmersos. Especialmente, pymes y autónomos, a causa de la drástica caída de la oferta y demanda por imposición legal.