El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción a nivel nacional durante 60 días, luego del asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial, en un mitin en Quito. Con la medida, se ve el despliegue de militares en las calles para apoyar a la Policía y se suspenden ciertos derechos fundamentales, como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio. Villavicencio, periodista y candidato por el Movimiento Construye, fue asesinado a tiros tras un acto de campaña.
El Ministerio de Interior señala a «sicarios» como responsables; uno de ellos ha fallecido y otros seis han sido detenidos. En reacción a lo ocurrido, Lasso expresó su consternación y aseguró que «el crimen no quedará impune». Además, confirmó que las elecciones generales extraordinarias se realizarán el próximo 20 de agosto, pero con mayor presencia militar en todo el territorio.
Las elecciones se mantienen
«Ante la pérdida de un demócrata y luchador, las elecciones no se suspenden. Esta es la mejor razón para votar y defender la democracia, la vida y la integridad de la familia ecuatoriana y el futuro del país», manifestó Lasso.
Los demás candidatos presidenciales también mostraron su indignación. Algunos, como Yaku Pérez y Jan Topic, pausaron sus campañas, mientras otros piden intervención gubernamental. Por su parte, Luisa González, quien lidera las encuestas, continuará con sus actividades electorales.
Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), aseguró que la seguridad se verá redoblada en todos los recintos electorales. Lasso, en sus declaraciones, calificó el atentado como un «crimen político con carácter terrorista», insinuando un intento de sabotaje al proceso electoral.
El presidente Lasso agradeció el apoyo internacional por el asesinato de Fernando Villavicencio y destacó la presencia de observadores de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) para los comicios.
La comunidad internacional ha condenado el acto. Colombia, Brasil y Argentina expresaron su solidaridad con Ecuador, mientras que desde México, Andrés Manuel López Obrador se mostró cauteloso respecto a la versión de los hechos. La OEA instó a reforzar la seguridad de los candidatos y la UE condenó enérgicamente el crimen, calificándolo como un ataque a la democracia ecuatoriana. España también ofreció su apoyo al proceso electoral de Ecuador, instando a que se investigue el asesinato y se juzgue a los responsables.
