La noche del viernes, la embajada de México en Quito fue escenario de un incidente sin precedentes, cuando un grupo de policías ecuatorianos irrumpió en su interior para detener al exvicepresidente Jorge Glas. Glas, condenado por corrupción y refugiado en dicha embajada desde diciembre, recibió captura, lo que llevó al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a suspender las relaciones diplomáticas con Ecuador, calificando el acto como una violación a la soberanía mexicana.
El embajador encargado de México en Ecuador, Roberto Canseco, presente durante el asalto, expresó su consternación y preocupación por la seguridad de Glas, afirmando haber defendido la soberanía de México ante la irrupción. Alicia Bárcena, canciller mexicana, informó que varios empleados de la embajada sufrieron agresiones durante el incidente. El gobierno ecuatoriano, a través de un comunicado, justificó la detención de Glas, acusando a la embajada mexicana de abusar de sus inmunidades y contradecir el marco jurídico internacional.
Este suceso en la embajada de México en Quito desató una ola de condenas regionales e internacionales, con líderes y organizaciones criticando la violación de los convenios sobre relaciones diplomáticas y el derecho al asilo. Países como Honduras y Nicaragua expresaron su repudio, mientras figuras políticas ecuatorianas, incluido el expresidente Rafael Correa, denunciaron el accionar del gobierno de Daniel Noboa como un atentado contra el Estado de derecho y la diplomacia.
La situación de Glas, quien alega resultar objeto de persecución política desde 2017 tras su condena por asociación ilícita y cohecho pasivo agravado, sigue generando polémica. Mientras tanto, el debate sobre el asilo político, la soberanía nacional y los derechos humanos continúa, evidenciando profundas divisiones tanto dentro de Ecuador como en el ámbito internacional.
