El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha denunciado en un informe demoledor la situación de Nicaragua. La organización ha destacado la represión y las represalias contra los manifestantes que se han echado a las calles desde el pasado mes de abril para cargar contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega. Una situación que continúa, dicen, mientras la comunidad internacional «aparta la vista» ante lo que está sucediendo.
En su informe, la ONU defiende que es necesario «adoptar medidas urgentes» ante la crisis de DDHH en Nicaragua. Y es que desde el pasado mes de abril, ya han muerto más de 300 personas y otras tantas han sido detenidas. Otros muchos han tenido que huir del país o esconderse por participar en las protestas.
«La represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista», asegura la ONU en un comunicado. «La violencia y la impunidad de los últimos cuatro meses han puesto de relieve la fragilidad de las instituciones del país y del Estado de derecho, y han generado un contexto de miedo y desconfianza», subrayan.
Pese a la gravedad de la situación, ésta podría ir a peor incluso. Por eso, la ONU insta a adoptar medidas «específicas». El objetivo no es otro que evitar que la crisis «degenere en disturbios sociales y políticos aún más graves».
Entre ellas, no dudan en señalar las medidas que exijan responsabilidades. Y con ello se refieren a aclarar todas las violaciones y abusos de DDHH. También a garantizar el acceso eficaz de las víctimas a la Justicia y las reparaciones apropiadas. Incluidas «indemnizaciones y el derecho a conocer la verdad».
Fuerza desproporcionada
El demoledor informe de la ONU abarca desde el 18 de abril, cuando estallaron las protestas, al 18 de agosto. En este tiempo, ha podido documentarse el uso desproporcionado de la fuerza policial. Y en ello se incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y generalizadas, torturas y malos tratos, y violaciones de los derechos de libertad de opinión, expresión y reunión pacífica.
El texto también asegura que en una primera fase de la crisis las fuerzas del orden reprimieron las protestas. En una segunda fase, hicieron una «limpieza». «El Gobierno ya no niega la existencia de elementos armados progubernamentales, sí aprueba sus acciones y les permite operar con impunidad», dicen.
Actualmente, la ONU denuncia que Nicaragua está en una tercera fase. Una etapa de persecución y penalización de los manifestantes y otras personas opositoras del Gobierno.
Con todo ello, hacen un llamamiento al Gobierno de Ortega para que cese de inmediato el acoso, la intimidación y la penalización de las protestas. También para que disuelva y desarme a los elementos progubernamentales, suspenda los arrestos ilícitos y ponga en libertad a las personas que han sido detenidas arbitrariamente.
También insta al Ejecutivo de Nicaragua a tomar medidas urgentes para garantizar la Justicia. Y a que reanude el diálogo nacional entre funcionarios y representantes de los diversos sectores de protestas.
