Este viernes se aprobará un “acuerdo motivado” para ejecutar la exhumación y decidir dónde inhumar a Franco. Patrimonio Nacional tiene un proyecto para exhumar al dictador en horas. Por su parte, el Gobierno quiere exhumarlo antes de las próximas elecciones generales convocadas para el próximo 28 de abril.
Desde que en verano se iniciaran los procedimientos administrativos para que el decreto fuese convalidado por el Congreso, el Consejo de Ministros no tendrá que aprobar ningún real decreto sobre la exhumación de Franco.
El Ejecutivo culpa a los familiares de Franco por los retrasos en el procedimiento que duran ya siete meses. También culpa a fundaciones y asociaciones relacionadas con el dictador y el Valle de los Caídos. Ambas han presentado querellas contra miembros de los Ministerios responsables de Patrimonio Nacional, que gestiona el mantenimiento del recinto.
El Consejo de Ministros corrobora que si la familia del caudillo en el plazo de 15 días no plantea una alternativa, el Gobierno actuará unilateralmente en el proceso y siempre con el “máximo respeto a la digniidad de la familia”.
El Ejecutivo remarca que: “La decisión del Gobierno contará con todos los avales jurídicos necesarios que garanticen su legalidad”. Posteriormente y transcurrido este último plazo se procederá a la ejecucción material del acuerdo.
Para realizar dicha ejecucción, el Ministerio de Justicia sostiene un informe que reclamó el pasado 15 de noviembre al Patrimonio Nacional sobre las actuaciones arquitectónicas necesarias en la Basílica de Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Una obra de 3.738 euros
Aquel documento se envió al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, donde está la basílica. Este proyecto llevará a cabo obras de cantería para retirar la losa berroqueña que cierra el hueco excavado en el suelo.
Cuatro operarios moverán el sepulcro y repondrán el solado original con seis piezas de mármol idéntico a las existentes. Patrimonio especifica que esos trabajos son sencillos y que se podrán realizar en pocas horas. El presupuesto estimado de 3.738 euros.
El informe gubernamental argumenta que la opción planteada por la familia en la Almudena no es asumible. Se pretende que inhumar a Franco no provoque una “delicada exaltación en un lugar accesible y abierto al público”.
Por otro lado, la familia desoye las concesiones del Ejecutivo y sostiene que no quiere una tumba alternativa. Además, la familia recalca que recurrrirá la decisión del Gobierno al Tribunal Supremo y que pedirá medidas cautelares.