La Comisión Europea (CE) ha subrayado su apoyo al “orden constitucional” en España y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al tiempo que le ha advertido que “la violencia nunca puede ser un instrumento en política”

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La Comisión Europea ha insistido en el diálogo entre “todos los actores relevantes” en la crisis política en Cataluña, ha subrayado que “la violencia nunca puede ser instrumento en política” y ha mostrado su confianza en el “liderazgo” del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para buscar una solución.

“La Comisión cree que son tiempos para unidad y estabilidad, no división y fragmentación. Llamamos a todos los actores relevantes que pasen de la confrontación al diálogo. La violencia nunca puede ser un instrumento en política”, ha señalado hoy el portavoz jefe de la CE, Margaritis Schinas, en la rueda de prensa diaria de la institución.

“Llamamos a todos los actores relevantes a avanzar ahora muy rápidamente de la confrontación al diálogo. La violencia nunca puede ser un instrumento en política”, ha declarado hoy Schinas.

El portavoz ha añadido que de acuerdo al orden constitucional en España el voto de este domingo “no fue legal” y que el desafío secesionista es un asunto “interno”.

Ésta es la posición de la Comisión Europea sobre Cataluña, tal y como ha dejado constancia en su cuenta de Twitter:

1.- Bajo la Constitución española, la votación en Cataluña no fue legal. Es un asunto interno que debe ser tratado en consonancia con el orden constitucional.

2.- Posición legal: si el referéndum fuera organizado en consonancia con la Constitución, el territorio independizado se vería fuera de la Unión Europea.

3.- Más allá de aspectos puramente jurídicos, la Comisión considera que son tiempos de unidad y estabilidad, no de división y fragmentación.

4.- Hacemos un llamamiento a todos los actores relevantes a pasar de la confrontación al diálogo. La violencia nunca puede ser un instrumento en política.

5.- Confiamos en el liderazgo de Mariano Rajoy para gestionar un proceso difícil siguiendo la Constitución española y los derechos humanos de los ciudadanos consagrados en ella.

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