El juez James Cacheris dictaminó que Phyllis Randall, presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Loudoun, violó el derecho a la libertad de expresión de Brian Davison, a quien bloqueó de su cuenta de Facebook -de perfil público- por haberla criticado.
Aunque el abogado de la política había alegado que su página de Facebook no representa al Gobierno porque ella no usa los fondos del condado para mantenerlo, el magistrado considera que “dado que las redes sociales son hoy el foro más importante para expresar libremente puntos de vistas, sería un ataque a la Primera Enmienda impedir que los usuarios expresen por ese medio sus opiniones sobre las acciones y políticas de los empleados públicos“. Así, el juez afirma que un bloqueo en las redes por este motivo es un acto discriminatorio e inconstitucional.
A pesar de la decisión, la política no se enfrenta a ninguna pena ya que las consecuencias de sus acciones se consideran menores. No obstante, para el juez el caso “plantea cuestiones importantes sobre los asuntos constitucionales aplicables a las cuentas de medios sociales mantenidas por funcionarios electos”.
En Estados Unidos, el tema ha sido recurrente desde que Donald Trump llegara a la Casa Blanca y comenzara a bloquear a los usuarios de Twitter que le criticaban. El Instituto a favor de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia demandó al presidente en nombre de estos usuarios, provocando un amplio debate sobre el tema.
