Unas elecciones puestas en duda. Desde que el pasado 10 de enero, Nicolás Maduro asumiera su nuevo mandato presidencial, su gobierno comenzó a perder reconocimiento, tanto dentro como fuera del país.
Incluso antes de la celebración electoral del pasado mayo, varios Estados y entidades internacionales como la Unión Europea y el Grupo de Lima anunciaron que no darían validez a esos comicios. Tampoco a sus resultados ya que carecían de pluralidad y de principios democráticos.
De hecho, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Juan Guaidó, desestimó reconocer a Maduro como vencedor en los comicios. Además, Guaidó, hoy reconocido por muchos como “presidente encargado” de Venezuela asumió las riendas del país con el respaldo de Estados Unidos, Brasil y Colombia, entre otros.
Sin embargo, Maduro controla las instituciones estatales. Además, Maduro recuerda que los comicios de mayo fueron convocados por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de mayoría chavista. Y no por la Asamblea Nacional (AN), controlada por la oposición y declarada en desacato por la justicia venezolana, afín al ejecutivo.
En este contexto, vamos a ahondar sobre las cuatro incógnitas referentes a las elecciones de mayo; muy cuestionadas por la oposición y la comunidad internacional.
Adelanto de elecciones
En 2017, con el fin de encontrar una salida a la crisis política venezolana, el gobierno y las fuerzas de la oposición se reunieron en República Dominicana donde discutieron sobre la celebración de las elecciones previstas para 2018.
La oposición quería obtener garantías de que los comicios se realizarían en condiciones justas. Además, la oposición consideraba que, para conseguirlas, las elecciones no debían ser convocadas antes de junio. Mientras que el gobierno las quería en abril como muy tarde.
Finalmente, las elecciones se celebraron en mayo. El gobierno fijó la votación de manera unilateral, rompiendo así las negociaciones y ante esta decisión, la oposición se negó a participar en los comicios.
Estados Unidos y la Unión Europea condenaron que la fecha de las elecciones se definiera sin haber llegado a un acuerdo con la oposición. Además, todos los países del Grupo de Lima excepto México amenazaron con tomar severas medidas económicas contra Maduro, si éste juramentaba como presidente. Finalmente, eso fue lo que ocurrió.
Boicot de la oposición
La mayoría de las fuerzas de la oposición decidieron no participar en el “evento prematuro y sin condiciones” convocado por el gobierno, según afirmaron entonces en un comunicado conjunto.
El documento tildaba los comicios de “show” para “aparentar una legitimidad que no tiene”. Dicho documento también denunció que todo transcurrió en medio de la agonía y el sufrimiento de los venezolanos.
La oposición pidió que las elecciones se hicieran durante el segundo semestre mediante la creación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) que fuera “equilibrado”. También exigieron una aclaración de todas las fases del proceso por medio de misiones de observación internacional independiente.
Países como España, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, además de muchos latinoamericanos, reconocieron a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Al final, Maduro solo tuvo tres rivales a los que venció con un amplio margen.
Inhabilitaciones y exilios
Las elecciones de mayo fueron duramente criticadas por su falta de pluralidad. La oposición denunció que se produjo un boicot, la inhabilitación y el exilio de posibles candidatos. Los líderes mejor valorados son:
Leopoldo López, líder opositor al gobierno venezolano, cumple bajo arresto domiciliario una condena de casi 14 años. La justicia venezolana lo considera culpable por participar e instigar en las manifestaciones de 2014. En ellas murieron 43 personas.
Henrique Capriles, por su parte, quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas por 15 años en 2017. El motivo fue ser hallado culpable de aceptar donaciones, contratar sin licitar y no presentar el proyecto de ley de presupuesto del año 2013.
Además, Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas, era otro posible candidato lo suficientemente popular para hacer frente a Maduro. Sin embargo, Ledezma huyó a España en noviembre de 2017 acusado de conspirar para derrocar al gobierno de Maduro.
Un CNE polémico
La imparcialidad del Consejo Nacional Electoral, también fue objeto de polémica.
Según la Constitución venezolana, el órgano responsable de los procesos electorales debe ser independiente. También, debe estar formado por cinco personas “no vinculadas a organizaciones con fines políticos”. Y además, deben ser elegidas por la Asamblea Nacional con una mayoría de dos tercios.
El resultado es que los cinco rectores que conforman el actual CNE han sido elegidos por el poder judicial. Un órgano afín al gobierno en vez del legislativo. Precisamente por esta circunstancia, la oposición quería que los comicios se celebraran después de junio. El motivo no era otra que conseguir el tiempo suficiente para elegir un nuevo CNE.
Además, la falta de confianza en el proceso electoral también quedó evidenciada por el alto nivel de abstención. Ya que a las urnas únicamente concurrió el 46% de los votantes. Posteriormente, Maduro fue declarado vencedor al obtener el 67,8% de esos votos. Todo en unas circunstancias que para muchos son más que cuestionables.
