Todas las comunidades autónomas menos Madrid acordaron ayer miércoles 10 de marzo el cierre perimetral para el puente de San José y Semana Santa, una medida adoptada para intentar evitar una cuarta ola y de la que quedan exentas por su condición de archipiélagos las Islas Canarias y Baleares.
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha pactado un acuerdo «de mínimos» para contener los contagios tras esas fechas, con una batería de actuaciones coordinadas que serán publicadas en el BOE, lo que las hace de obligado cumplimiento para todas.
Medidas comunes para toda la nación
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha logrado alcanzar una amplia mayoría a su propuesta, que contempla el cierre perimetral de todas las comunidades menos los archipiélagos entre el 17 y el 21 de marzo en las autonomías en las que el día 19 es festivo (Murcia, Navarra, Extremadura, Galicia, Comunidad Valenciana, País Vasco y Madrid) y del 26 de este mes hasta el 9 de abril en todo el territorio.
También establece un toque de queda nocturno que ninguna podrá retrasar más allá de las 23:00 horas y hasta las 6:00 y limitaciones a las reuniones sociales de un máximo de 6 personas en espacios públicos abiertos, 4 en cerrados y de solo convivientes si son en el ámbito privado.
Cataluña se ha abstenido, y solo la Comunidad de Madrid ha votado en contra; de hecho, su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que la región no va a cerrar perimetralmente ninguna de las dos fechas. La justificación que ofrece la Conserjería de Sanidad de la región es que si se confina a la población en un espacio reducido -como una comunidad autónoma- la sociedad solo se puede mover por ese espacio y, por lo tanto, habría grandes acumulaciones de gente. «La experiencia de Madrid con los cierres perimetrales es que la movilidad de siete millones de personas en una única provincia genera excesivo contacto social. Con el cierre perimetral, en Madrid los casos subieron. Vista la experiencia no nos parece que sea una medida que ayude a controlar la pandemia”, explicó Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y coordinador del plan COVID en Madrid.
Pero Darias se ha mostrado categórica: las medidas pactadas son de obligado cumplimiento, «tanto de iure como de facto». «De iure, porque se publicará en el BOE, y de facto, porque el resto de comunidades tendrán cierre perimetral», ha zanjado.
Los turistas extranjeros podrán entrar en España, pero estarán sujetos a las mismas restricciones
El cierre perimetral no contempla, como había sugerido Cataluña, el desplazamiento para visitar a familiares, supone asimismo que los turistas extranjeros no puedan moverse de la comunidad en la que aterricen.
La titular de Sanidad ha recordado las restricciones que pesan sobre los visitantes extranjeros en función de su país de origen y la obligación de presentar una PCR negativa a la llegada o de hacer una cuarentena en algunos casos, como Brasil, Sudáfrica, Colombia, Perú y otros países.
«Sólo se puede venir a España por razones de índole esencial, en las que no está el turismo», ha dicho Darias con relación a los viajeros de terceros países, antes de señalar que la «limitación de un turista será la de cualquier español, si llega a un aeropuerto no se podrá mover entre comunidades autónomas», ha insistido. No obstante, no se va a impedir que, por ejemplo, una familia alemana venga en Semana Santa a la costa mediterránea a pasar unos días de vacaciones -siempre que presente una prueba PCR negativa y no salga de la comunidad autónoma en cuestión-.
Ampliar la vacuna de AstraZeneca a mayores de 55, a debate
Ayer miércoles, España ha rozado los 5 millones (4.989.505) de dosis inyectadas de las tres vacunas disponibles (Pfizer, Moderna y AstraZeneca), de forma que 1.447.838 personas (el 3 % de la población) están inmunizadas con la pauta completa y otras 2.093.829 han recibido ya su primer suero y están a la espera del segundo.
A la espera de la llegada de nuevas vacunas, la Comisión de Salud Pública estudiará esta tarde si se amplía a personas de entre 55 y los 65 años la de AstraZeneca, como han hecho la mayoría de países europeos, tras escuchar la opinión de los expertos de la ponencia de vacunas que se reunirá horas antes.
Varias comunidades así lo han pedido. Cataluña ha exigido al Ministerio que replantee su estrategia de vacunación y su postura sobre la vacuna de AstraZeneca para permitir su uso en mayores de 55 años y ha avisado: «O actúan o actuaremos nosotros».
