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El Ingreso Mínimo Vital sacará de la pobreza extrema a 1,6 millones de personas

El Ingreso Mínimo Vital sacará de la pobreza extrema a 1,6 millones de personas, según los cálculos del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Así lo ha planteado en rueda de prensa tras ser aprobado por el Consejo de Ministros.

Colas para recibir comida de donaciones
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Un total de 850.000 familias en riesgo de exclusión social, lo que supone 2,3 millones de personas, tendrán cobertura con el nuevo Ingreso Mínimo Vital, aprobado por el Consejo de Ministros este viernes. Una medida estrella del Gobierno que sacará de la pobreza extrema a 1,6 millones de personas, según los cálculos de Escrivá.

En rueda de prensa, el ministro de Seguridad Social y el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, han presentado esta renta básica. En su comparecencia han confirmado detalles como la creación de un organismo para hacer partícipes a las comunidades autónomas de la gestión de las ayudas. Una prestación que concederá la Seguridad Social. Eso sí, el papeleo lo harán los servicios sociales de los Ayuntamientos.

Según Escrivá, la medida sacará de la pobreza extrema a 1,6 millones de personas. Lo que supone “reducir un 80% la pobreza extrema y un 60% la pobreza muy alta”, ha resaltado.

Las prestaciones oscilarán entre los 462 y los 1.015 euros. Por lo que se calcula un ingreso mínimo vital medio anual de 4.400 euros. Esto es, 366 euros al mes, que sumarán a los ingresos que ya tengan las familias. La renta mínima no será una cuantía fija determinada, sino un complemento que se calculará según los ingresos del año anterior. Y siempre en función de las personas que vivan en el hogar que lo solicite.

Por ejemplo. Si una persona con un hijo, viviendo solos, ingresaron una media de 200 euros al mes el año pasado, podría acceder a una ayuda de 700 euros. Lo que cobraría es la diferencia entre la ayuda y sus ingresos. Es decir, 500 euros. Que se sumarían a esos 200 que ya ingresa.

Detalles

Además, se han detallado los requisitos para poder acceder a la prestación. Habrá que tener más de 23 años y menos de 65. Y se presentarán declaraciones de patrimonio y rentas. También tendrán que vivir independientes desde hace al menos 3 años.

Y si quien solicita la ayuda está capacitado para trabajar, deberá estar inscrito como demandante de empleo. Eso permitirá a la administración seguir “un itinerario individualizado y personalizado de inserción”. Pero no sólo él sino todos los miembros del hogar. Han tenido que solicitar las pensiones y prestaciones vigentes a las que pudieran tener derecho.

Serán beneficiarios de la ayuda de manera permanente hasta que las causas que motivaron su concesión desaparezcan. Y serán compatibles tanto con el trabajo como con las ayudas de las CCAA.

Lo que el Gobierno pretende es que no se convierta en una “paguita” como acusaba la oposición. Sino en un incentivo y ayuda temporal. Además, la norma obliga a los beneficiarios a administrar “responsablemente todos los ingresos”. Y a destinar la ayuda económica a cubrir las necesidades básicas de los miembros de la familia. Si utilizara los fondos para otras cosas, se enfrentaría a sanciones que oscilarán entre un mes y seis sin cobrar la prestación.

También se sancionará a quienes no comuniquen “cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación”. Para ello, tendrán 30 días. Multas también para quienes usen la ayuda como sobresueldo o para quienes no busquen empleo pudiendo hacerlo.

Los padres con hijos a cargo serán los primeros en cobrar el Ingreso Mínimo Vital. Será la Seguridad Social quien actúe de oficio, abonando ya el 1 de junio esa paga. Aunque año que viene tendrán que solicitarla por los cauces habituales.

A pesar de las críticas que la medida provocó al inicio, ningún partido importante está ya en contra de la misma. Incluso Vox ha rectificado su posición al reconocer la actual necesidad económica de muchas familias.

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