Ha sido este pasado sábado cuando Trump ha propuesto una nueva medida para que los inmigrantes que reciben ayudas estatales legalmente, como asistencia alimentaria y vales de vivienda, se les pueda negar la residencia permanente en EEUU. Es decir, impedir que tengan los papeles aquellos que “no puedan mantenerse” por sí mismos.
La medida podría afectar a más de 382.000 personas al año. Y, en general, a millones de inmigrantes pobres que dependen de la asistencia pública para alimentos y vivienda. Tendrían que elegir entre la ayuda financiera o lograr la ansiada ‘Green Card’, que da derecho a vivir y trabajar legalmente en EEUU. Lo que se conoce como residencia permanente.
Desde la Administración Trump aseguran que la medida está acorde a la ley vigente. “De acuerdo con la ley federal de larga data, aquellos que buscan inmigrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente”, ha dicho Kristjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional.
Según Nielsen, esta reglamentación implementará una ley aprobada con “la intención de promover la autosuficiencia de los inmigrantes y proteger los recursos limitados”. Todo ello para evitar que estos inmigrantes se conviertan “en una carga para los contribuyentes estadounidenses”.
Inmigrantes de la tercera edad
Este sector podría verse muy afectado. Muchos de ellos reciben medicamentos recetados en programas de bajo coste. Podrían verse obligados a dejar esas ayudas. O a arriesgarse a ser considerados como una “carga”, lo que les impediría obtener la residencia.
La regulación es la más reciente de una serie de medidas de Trump para endurecer el acceso a la residencia de EEUU.
Una línea dura sobre inmigración legal e ilegal. Eso sí, no afectaría a nadie con carácter retroactivo.
