Uno de los grandes efectos de la controvertida política migratoria de Donald Trump es, sin duda, el que se refiere al dramático aumento de niños indocumentados que se encuentran, de pronto, separados de sus padres. Solos, sin familiares adultos que puedan acompañarles, acaban en centros que han tenido que ampliarse e incluso reconvertirse para albergarlos por tiempo, a veces, indefinido. Al más grande, o quizás solo más conocido, se le bautizó con el nombre de “Casa Padre” y antes de ser “refugio” de los pequeños era un inmenso supermercado de la cadena Walmart que fue rápidamente reconvertido para su actual función.
Pertenece a la ONG fundada por Juan Sánchez en 1987, Southwest Key, que, inesperadamente “beneficiada” por el incesante flujo de niños, ha terminado por convertirse en un imperio financiado con fondos provenientes del gobierno. El hecho de que en “Casa Padre” se recibieran, sin problemas ni preguntas, a tantos niños separados de sus familias provocó que la organización de Juan Sánchez fuera duramente criticada y, por primera vez, se viera expuesta al escrutinio público. Y, por supuesto, periodístico.
The New York Times denunció que Sánchez y su núcleo duro en la organización se habían hecho ricos gracias a la crisis migratoria de los últimos años acusándoles, además, de participar en presuntas irregularidades financieras por las que el Departamento de Justicia ya habría abierto la correspondiente investigación. De acuerdo con la información del diario estadounidense, Southwest Key prestó millones de dólares a empresas inmobiliarias, “actuando más como un banco que como una organización benéfica tradicional”, al tiempo que se valía del self-dealing o autocontratación para que los ejecutivos de la organización cobraran el alquiler de los edificios pagado con fondos públicos. En definitiva, el periódico denunciaba que la organización había “acumulado decenas de millones de dólares de los contribuyentes con poca supervisión del gobierno”.
Sánchez, el estadounidense de origen mexicano que creció en el seno de una familia pobre en Texas y que dirigió la ONG durante más de tres décadas, dimitía dos meses después de la publicación de las denuncias en el diario neoyorquino. Aquel joven defensor de la justicia social y los derechos de la población latina en los años 70, apodado “El Presidente”, no podía explicar que en su declaración de la renta de 2017 como director ejecutivo de Southwest Key apareciera la escandalosa cifra de más de 3,5 millones de dólares en la casilla de ingresos, una suma que no paraba de aumentar: en 2015 declaró 786.222 dólares y en 2016, 1,48 millones.
En realidad, Sánchez no era el único que veía aumentar su patrimonio gracias a la crisis migratoria de las políticas de Trump. Otros seis altos cargos de la organización también ganaron más de 1 millón de dólares en 2017, incluida la esposa de Sánchez, Jennifer Nelson, y la jefa de finanzas, Melody Chung. También Joella Brooks, ex jefa de operaciones de la organización y actual directora ejecutiva interina de la organización, la única que quiso salir al paso de las acusaciones asegurando que se trataba de cantidades recibidas en concepto de seguros de vida y planes de pensiones y que, no obstante, Southwest Key estaba poniendo fin a ese sistema retributivo al tiempo que los directivos habían acordado “devolver una parte considerable de los beneficios del seguro de vida”.
De quien no se ha vuelto a saber nada, a pesar de lo prolífico que desde joven le gustaba ser en declaraciones a los medios, es de Juan Sánchez. Tras sus palabras de renuncia, donde lejos de admitir responsabilidad de ningún tipo aseguró que la organización estaba siendo objeto de críticas falsas e injustas, desapareció de la vida pública. Y él no parece que vaya a tener problemas para permanecer por tiempo indefinido en un plácido refugio acompañado de su familia.