Mientras Macri pasaba examen ante el FMI, un fiscal argentino imputaba al presidente y parte de su Gobierno por precisamente ese acuerdo. Les acusa de «abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público». Todo ello por no haber sometido a debate en el Congreso el pacto con el FMI.
El fiscal en cuestión ha pedido ya que se rompa el acuerdo con el organismo financiero. Y ha enviado un requerimiento al juez Julián Ercolini para que inicie de manera oficial una investigación penal contra la cúpula del Gobierno argentino.
Además de Macri, el fiscal ha imputado al jefe del gabinete de ministros, Marcos Peña; al ministro de Economía, Nicolás Dujovne; al presidente del Banco Central, Luis Caputo, y a «todo aquel que el devenir de la investigación indique como partícipe o responsable».
Acuerdo con el FMI
En su querella, señalan concretamente que la conducta del Gobierno es una «violatoria de la Constitución». Un acuerdo por el que el FMI dará un crédito a Argentina de 50.000 millones de dólares.
Según la ley, el poder Ejecutivo tendrían que haber sometido el acuerdo al estudio del poder Legislativo. Algo que no ocurrió al interpretar Macri y su equipo que se trata de un asunto sobre el que el Congreso no tiene competencia.
«El acuerdo con el FMI no cuenta con aprobación del Congreso. Por lo tanto, el presidente de la Nación y los funcionarios y ministros que han operativizado su firma y ejecución se está arrogando facultades del Congreso», dicen los denunciantes. Que han pedido, además, que se suspenda el acuerdo. También que no retiren ni utilicen los 15.000 millones ya adelantados.
