El paso a la segunda vuelta de las presidenciales francesas de la candidata ultraderechista Marine Le Pen y las posibilidades reales de ser elegida el 24 de abril genera inquietud en los mercados y en los principales socios franceses por diferentes puntos de su programa:
La preferencia nacional
La llamada «preferencia nacional» busca que, en igualdad de condiciones, los franceses pasen por delante de los extranjeros (incluidos los de otros países de la UE) cuando optan a cualquier empleo del sector público o privado, pero también en la atribución de viviendas sociales o de otras prestaciones.
Los extranjeros solo tendrían derecho a esas prestaciones después de cinco años de trabajo en Francia. Esas disposiciones discriminatorias contravienen reglas básicas de la Unión Europea (UE) y entran en conflicto con la Constitución francesa.
Proteccionismo y nacionalismo económico y ambiental
Le Pen pretende obligar a las administraciones públicas de su país a contratar con empresas francesas. Tiene intención de nacionalizar las autopistas y una de las principales sociedades concesionarias está en manos de la española Abertis.
En política energética, defiende una renacionalización del mercado para que sean los franceses y no países vecinos los que se beneficien de los precios más bajos de producción de la electricidad de origen nuclear.
Pretende prolongar la vida útil de los reactores atómicos en servicio y lanzar la construcción de otros nuevos, al tiempo que promete paralizar el despliegue de nuevos parques eólicos y desmantelar los existentes, a los que culpa de afear el paisaje.
En cuanto a los compromisos europeos e internacionales de reducir las emisiones causantes del efecto invernadero, Le Pen avisa de que si es presidenta cada año ajustará la trayectoria de Francia en función de lo que hagan otros países y de la voluntad de los franceses y de su calidad de vida.
Atajar una inmigración «descontrolada»
Le Pen afirma que en Francia hay una “inmigración descontrolada” y quiere someter a referéndum una serie de reglas para restringir el derecho de asilo, que solo se podrían solicitar desde el extranjero y poner fin al reagrupamiento familiar. También para prohibir las regularizaciones de sin papeles y permitir su expulsión de forma sistemática, así como penalizar su entrada irregular en Francia.
Considera que el velo islámico es un signo de integrismo religioso y por eso quiere prohibirlo por ley en todo el espacio público, lo que significaría imponer multas y otras sanciones a quienes lo llevaran o incitaran a hacerlo.
La legislación francesa por encima de la europea
Marine Le Pen ha abandonado su propuesta de 2017 de sacar Francia del euro, pero sigue chocando con algunos de los principios básicos de la UE. Por ejemplo con su voluntad de imponer la primacía de la legislación francesa sobre la comunitaria.
También quiere reducir a la mitad la contribución francesa al presupuesto de la UE; su oposición a los tratados de libre comercio; y su voluntad de restablecer los controles fronterizos en Francia y renegociar los acuerdos Schengen que permiten la libre circulación de personas.
Afinidad con Putin
La líder ultraderechista ha mostrado en el pasado una gran proximidad con Vladímir Putin, que lo recibió en el Kremlin -en un gesto de apoyo implícito- durante la campaña de las presidenciales de 2017.
Con el inicio de la guerra en Ucrania, que ha condenado, ha querido marcar distancias, pero se ha mostrado más que tibia con las sanciones a Moscú y se ha desmarcado de la posición actual de Francia, en favor de una posición unánime y dura de la UE.
Rechaza un embargo sobre los hidrocarburos rusos con el argumento de que perjudicaría el poder adquisitivo de los franceses, cuya defensa ha sido unas de sus principales bazas electorales.
Se muestra comprensiva con la anexión de Crimea por Rusia e insiste en que para obtener una desescalada Ucrania debe hacer concesiones a reivindicaciones de Moscú, como renunciar a entrar en la OTAN.
