El portavoz de Sanidad de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Enrique Veloso, afirmaba que “el PP quiere tapar sus errores tramitando la Ley de Farmacia sin consenso y por la puerta de atrás”. Sin embargo, hasta ahora, todo parecía indicar que ambas formaciones, cuyos votos son necesarios para aprobar la Ley, habían llegado a un acuerdo. Los populares, de hecho, achacan el bloqueo de Ciudadanos a una orden directa de Francisco Igea, portavoz de Sanidad del partido en el Congreso de los Diputados.
En círculos políticos y sanitarios se tiene la opinión de que la posición de Francisco Igea y de Ciudadanos se debe a las conversaciones mantenidas con Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, quien habría manifestado su oposición a la Ley a título personal, desde sus inicios, a través de conversaciones con los políticos.
Igea aseguraba a los medios que “dijimos desde el inicio que no queríamos aprobar una ley que carecía de consenso político, social y profesional”. Pese a ello, tan sólo presentaron veinte nueve enmiendas parciales en diciembre. Una decisión que parecía desbloquear la aprobación de la nueva Ley de Farmacia de Madrid.
Una norma que permitiría renovar el modelo de farmacia actual, adecuándose a los nuevos tiempos y renovando la ley de 1998 que está vigente en la actualidad. Entre otros aspectos, la ley abriría las puertas a incorporar las nuevas tecnologías y responde a las necesidades sociales y demandas de la población. También a las aspiraciones profesionales de los farmacéuticos que, entre otras cosas, podrán seguir los tratamientos de los pacientes. Entre sus puntos más destacados, también, la posibilidad de proporcionar atención farmacéutica domiciliaria, para pacientes dependientes o en situación de vulnerabilidad, aunque este artículo fue enmendado por Ciudadanos.
La negativa de Ciudadanos a seguir con la tramitación de la Ley, aunque aún están pendientes de un informe jurídico, está generando opiniones encontradas entre los farmacéuticos.
