La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha puesto en marcha el proceso para que el diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez deje su escaño tras días de tensión entre el Poder Legislativo y el Judicial, una decisión contra la que Podemos ha cargado y ha tachado de «prevaricación».
A Rodríguez se le ha comunicado esta tarde el oficio del Tribunal Supremo que le inhabilita tras ser condenado por un delito de atentado a agentes de la autoridad, una pena de un año y 15 días de prisión, conmutable por una multa, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y Batet así se lo ha hecho saber de forma personal.
Unidas Podemos, a golpe de tweet
La propia líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha tildado el proceso como «prevaricación», al tiempo que ha criticado que haya sido condenado sin pruebas y con el objetivo de quitarle el escaño.
Belarra ha lamentado que su compañero haya sido condenado «a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí» y lamenta, en un mensaje en Twitter: «El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación».
Mientras que para la Ministra de Igualdad, Irene Montero, «detrás está la reacción judicial y política más profunda. Es un asalto a la democracia», ha opinado.
Alberto Rodriguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño.
— Ione Belarra (@ionebelarra) October 22, 2021
El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia.
Prevaricación.
Durante las últimas semanas el pulso entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial se ha centrado en la interpretación de esta sentencia, que los letrados de la Cámara Baja consideraban que no afectaba al escaño del diputado de Podemos pero que el Supremo finalmente ha dejado claro este viernes.
Crónica de una inhabilitación controvertida
En un principio la Mesa del Congreso, formada por mayoría del PSOE y de Unidas Podemos, fundamentó su decisión de no suspender a Rodríguez de su escaño en el informe de estos letrados que señalaba que su condición de diputado no quedaba afectada porque no concurría «ni la causa de incompatibilidad sobrevenida contemplada en el apartado 2 en relación con el apartado 4 del artículo 6 de la LOREG», ni los artículos del Reglamento del Congreso -21 y 22- que explican cuando un diputado pierde su condición.
Argumentaban que al haberse conmutado la pena de cárcel por una multa de 540 euros -ya pagada- la ejecución de la sentencia deja fuera la denominada «inelegibilidad sobrevenida».
Ante esta decisión, el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, envió un oficio expresamente a Batet para pedirle que le remitiera la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación impuesta para la liquidación de su condena.
La Comisión Permanente del CGPJ, compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha emitido un comunicado en relación a las palabras de Belarra. En este escrito recrimina a la líder de Unidas Podemos sus declaraciones ya que «sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable».
Comunicado de la Comisión Permanente en relación con la declaración publicada en redes sociales por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 sobre los efectos de la sentencia condenatoria dictada contra el diputado del grupo parlamentario Unidas Podemos Alberto Rodríguez pic.twitter.com/9qHyAPVg5o
— Poder Judicial (@PoderJudicialEs) October 22, 2021
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