Cataluña ha activado el estado de emergencia para aproximadamente el 80% de su población debido a la sequía más severa registrada en más de un siglo. La Generalitat ha ampliado las restricciones de agua, afectando a más de seis millones de personas, incluida la ciudad de Barcelona, con el objetivo de garantizar el suministro doméstico en los próximos meses.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, calificó la situación como «la peor sequía jamás registrada» desde que se tienen datos en 1916. Los embalses actualmente se encuentran al 15.8%, y la falta de previsiones de lluvias a medio plazo ha llevado a la comunidad a la fase más crítica del Plan Especial de Sequía.
Las restricciones en la emergencia incluyen limitar el consumo a 200 litros por habitante y día, junto con medidas adicionales como la prohibición de regar jardines, lavar automóviles fuera de establecimientos específicos y llenar piscinas. Barcelona y su área metropolitana se ven afectadas por estas medidas extremas por primera vez desde 2007.
Fases restrictivas
El consejero de Acción Climática, David Mascort, anunció reuniones con la ministra para la Transición Energética para explorar la posibilidad de trasladar agua desde otras regiones si es necesario. El Govern ya había planteado la opción de traer agua en barco antes del verano si las lluvias no llegaban, generando tensiones con otras regiones.
La sequía ha llevado a la Generalitat a diseñar tres fases escalonadas, cada una con restricciones más severas, dependiendo del nivel de los embalses. Además de limitar el consumo humano, se aplicarán restricciones a la agricultura, ganadería e industria.
El presidente Aragonès y el consejero Mascort enfatizaron la importancia del ahorro generalizado y la necesidad de colaboración ciudadana para superar la crisis climática, comparándola con la respuesta a la pandemia de la covid-19. Sin embargo, grupos ecologistas como Aigua es Vida y Greenpeace han criticado la gestión del Plan Especial de Sequía.
La insólita situación de emergencia en Cataluña se consideraba improbable en noviembre de 2022, cuando se activó la primera alerta por sequía. A pesar de la capacidad de la comunidad para producir agua potable mediante plantas desaladoras y de regeneración, la realidad climática ha puesto a prueba la resistencia de una gran ciudad como Barcelona frente a las consecuencias del cambio climático.
Estrictas medidas para garantizar el abastecimiento
Se han establecido medidas estrictas, incluida la imposición de multas a municipios que superen los límites establecidos de consumo de agua. El Ejecutivo catalán ha diseñado tres fases escalonadas, cada una con restricciones más severas, y busca presionar a los gobiernos locales para un control más riguroso de los consumos entre los ciudadanos.
La sequía también afecta a otras regiones, siendo Andalucía la siguiente comunidad en situación delicada. La Junta aún no ha establecido una capacidad límite de embalses específica para declarar la emergencia, pero evaluará las medidas en función de las precipitaciones en las próximas semanas.
La posibilidad de transportar agua en barco desde otras regiones se ha planteado como una opción, a pesar de las afirmaciones anteriores de que no sería necesaria. La reunión con la ministra para la Transición Ecológica explorará estas opciones, mientras los ecologistas vuelven a criticar la gestión y señalan la necesidad de abordar el consumo de agua en sectores como el turismo y la agricultura.
