La devolución a Marruecos de los menores que llegaron en mayo a Ceuta ha acrecentado las tensiones en el Gobierno de coalición, en el que Unidas Podemos no ha ocultado los reproches al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la propia vicepresidenta Yolanda Díaz ha intervenido para pedir al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que frene las repatriaciones.
Los días de relativa calma en el Gobierno tras la salida de Pablo Iglesias parecen haber llegado a su fin, y Podemos vuelve a alzar la voz contra el PSOE y deja a un lado la estrategia marcada por la nueva vicepresidenta Yolanda Díaz, más partidaria de resolver los conflictos a la interna en lugar de publicitar las divergencias.
De hecho, no fue ella, sino la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Vestrynge, quien hizo público en una entrevista radiofónica que Díaz había solicitado la intercesión de Sánchez para parar las devoluciones a Marruecos de parte de los menores que entraron en Ceuta los días 17 y 18 de mayo pasado, cuando unas 10.000 personas cruzaron a esa ciudad española desde el país vecino.
En Podemos creen que, bien por motivos políticos o porque así se pronuncien los tribunales, el proceso de devolución de los menores acabará por detenerse, aunque hasta el momento el ministro lo haya defendido.
Belarra carga contra Marlaska
Para Podemos es una cuestión de un posible incumplimiento de la legalidad, y así lo advirtió a Interior el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 el viernes pasado por escrito.
«Toda la responsabilidad de las actuaciones llevadas a cabo por la Delegación de Gobierno en Ceuta y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la repatriación de estos niños y niñas desde la ciudad de Ceuta al Reino de Marruecos es única y exclusivamente del Ministerio del Interior», explicitó el Ministerio de Ione Belarra en una carta.
Interior defiende que fue el Gobierno de Ceuta quien dictó las repatriación de los menores
Interior ha confirmado a la Audiencia Nacional -que tramita un recurso de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado– que la orden de las repatriaciones «no ha sido dictada» por ese departamento, sino que la dio el Gobierno de Ceuta.
No obstante, cuando el juzgado de Ceuta ya había paralizado durante 72 horas las repatriaciones, Marlaska volvió a defender la legalidad del proceso, aunque admitió que si la Justicia observa algún «matiz» que haya que corregir en el procedimiento «se corregirá».
