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El Gobierno promociona su primera ley de vivienda entre reproches por la reforma laboral

El gobierno de coalición da el primer paso para poner en marcha “la primera ley de vivienda de la democracia” que permitiría rebajar el precio del alquiler en zonas tensionadas

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez (i) y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez (d), durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. (Fotografía: EFE/Javier Lizón)

El Consejo de Ministros ha dado este martes su primer visto bueno al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que permite a las comunidades autónomas limitar el precio del alquiler en las zonas tensionadas a las empresas propietarias de más de diez viviendas. Este anuncio viene precedido de la tensión entre PSOE y Unidas Podemos por el liderazgo de la reforma laboral, que ha sacado a relucir los liderazgos de Nadia Calviño y Yolanda Díaz en este sentido.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido que el texto ofrece seguridad jurídica tanto al propietario como al inquilino, que no atenta contra la propiedad privada y que no va a suponer un riesgo para que los fondos de inversión dejen de “considerar atractivo nuestro país”.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha destacado que será la primera ley estatal que desarrolla en España el derecho a la vivienda, mientras que la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha celebrado este paso adelante con un vídeo en Twitter en el que se declara “muy satisfecha por el trabajo realizado conjuntamente con el Ministerio de Transportes”.

El texto, que el Gobierno pretende enviar al Congreso antes de que termine el año, seguirá ahora por la vía de urgencia un procedimiento de audiencia pública y de información pública, tras lo cual podría ser remitido al Consejo de Estado, han explicado a Efe fuentes del Ministerio de Transportes.

Zonas tensionadas por el precio del alquiler

Las comunidades autónomas podrán declarar un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado por un periodo de tres años tras constatar que en esa zona la renta de alquiler supera el 30 % de los ingresos medios por hogar y que en los últimos cinco años ha subido cinco puntos por encima del IPC de esa comunidad.

El límite a los grandes tenedores se fija en función de un sistema de índices de precios de referencia que la ministra ha dicho que “hay que hacerlo bien, desde el rigor y el análisis de cada territorio”, para lo cual se fija un plazo “máximo” de 18 meses, ha señalado Raquel Sánchez.

Viviendas vacías

Para penalizar las viviendas vacías, el anteproyecto prevé que los ayuntamientos apliquen un recargo del 50 % en la cuota líquida del impuesto de bienes inmuebles (IBI) a las que permanezcan desocupadas sin justificación más de dos años; del 100 % si está vacía más de tres años y del 150 % si el propietario tiene cuatro inmuebles desocupados en el mismo término municipal.

Algunas causas justificadas para tener una vivienda vacía son la de traslado por motivos laborales o de formación, cambio de domicilio por razón de dependencia, salud o emergencia social, inmuebles destinados a segunda residencia con un máximo de cuatro años de desocupación continuada o aquellos en obras o inmersos en algún litigio.

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