La proposición de ley orgánica de amnistía, acordada entre el PSOE y Junts, ha sido registrada en el Congreso por el partido socialista en solitario, a las 18:03 de este lunes. La norma, que busca desbloquear la investidura de Pedro Sánchez, anulará la «responsabilidad penal, administrativa y contable» de más de 300 independentistas y 73 policías encausados por su participación en el proceso soberanista catalán, comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.
La tramitación de la ley se realizará «por la vía de urgencia», aunque no se contempla la lectura única. A pesar de que la norma estaba pactada con varios grupos, su registro en solitario por el PSOE ha generado cierta controversia. ERC, en particular, ha mostrado resistencia a última hora, principalmente por la redacción de la norma en relación con los delitos de terrorismo y por la forma en que se llevó a cabo el proceso, ya que inicialmente se había pactado con Junts.
Félix Bolaños, el responsable de la ley, ha asegurado que la norma contará con el apoyo de todos los grupos, a pesar de la ausencia de sus firmas en el registro. Aunque esta situación no parece poner en riesgo la investidura, refleja la complejidad de este proceso político.
Más de 300 personas saldrían beneficiadas
La ley de amnistía beneficiará a más de 300 personas, incluyendo a prominentes líderes independentistas como Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. También se extenderá a 73 policías implicados en procesos relacionados con la represión violenta durante el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017. La exposición de motivos aclara que la amnistía a los agentes no implica la criminalización de los funcionarios que intervinieron en defensa del orden público.
El texto legal registrado por el PSOE establece un periodo específico de amnistía, comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, abarcando eventos como las consultas soberanistas de 2014 y 2017. Además, la norma incluye excepciones para ciertos delitos, como aquellos relacionados con actos dolosos graves.
La tramitación urgente de la ley busca que los jueces apliquen la amnistía en un plazo máximo de dos meses una vez aprobada. Los posibles recursos contra su aplicación «no tendrán efectos suspensivos», según establece el texto.
Apoyo de los socios del PSOE
Aunque la exposición de motivos destaca la constitucionalidad de la ley, la ausencia de firmas de los grupos independentistas en el registro ha generado debate sobre su legitimidad. El preámbulo insiste en la necesidad de avanzar en el diálogo político y social para mejorar la convivencia en Cataluña, aunque no se hace referencia explícita a la renuncia a la unilateralidad, un punto que generó discrepancias con Junts.
Con la ley de amnistía en curso, se espera que la investidura de Pedro Sánchez se lleve a cabo el jueves, consolidando una mayoría compleja y transversal que ha incluido a Junts, ERC, PNV, Bildu, y Coalición Canaria, con la excepción de Vox y PP. La medida representa un giro político significativo y recibió críticas por parte de algunos sectores que cuestionan la impunidad de los delitos cometidos durante el proceso soberanista.
