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El Tribunal Supremo abre causa penal a Carles Puigdemont por terrorismo

El Tribunal Supremo ha iniciado una causa penal contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el diputado Rubén Wagensberg por supuestos delitos de terrorismo vinculados al caso Tsunami Democràtic

Fotografía publicada por Carles Puigdemont el día que se acordó la formación de la Mesa del Congreso tras las elecciones del 23 de julio. Foto: ©Carles Puigdemont/ Facebook.

El Tribunal Supremo ha decidido abrir una causa contra el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y el diputado Rubén Wagensberg, en relación con los hechos investigados por el caso Tsunami Democràtic, acusándolos de posibles delitos de terrorismo. Esta medida se tomó tras analizar una exposición razonada por el magistrado de la Audiencia Nacional, que presentó indicios de la participación de ambos en actividades consideradas como terrorismo.

La investigación se centra en los eventos del 14 de octubre de 2019 en el Aeropuerto de El Prat de Barcelona, donde se produjeron actos de violencia y obstrucción. Se atribuye a Tsunami Democràtic la organización de estos actos como forma de protesta contra la Sentencia 459/2019, relacionada con el procés catalán. Se menciona que Puigdemont, quien era presidente del Gobierno de Cataluña en aquel momento y actualmente se encuentra fugado de la justicia, jugó un papel importante en estos acontecimientos.

El Tribunal Supremo considera que estos hechos son susceptibles de constituir delitos de terrorismo, dada su naturaleza y los objetivos que perseguían. Además, se señalan posibles delitos de lesiones graves a miembros de los Cuerpos de Seguridad, falsificaciones masivas de documentos y daños patrimoniales de especial gravedad.

El alto tribunal también aclara que, para considerar una acción como terrorismo, no es necesario que el autor pertenezca a una organización terrorista. Esta definición se basa en la naturaleza de los actos y sus finalidades, como subvertir el orden constitucional o desestabilizar gravemente el funcionamiento de instituciones democráticas.

Este auto abre un nuevo capítulo en el complejo escenario político y judicial español, destacando la importancia de las garantías procesales y los derechos de los investigados en el marco del ordenamiento jurídico del país.

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