En un reciente debate celebrado en el Parlamento Europeo, la Comisión Europea ha advertido al Gobierno español sobre la ley de amnistía acordada con los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez. La Comisión ha prometido estudiar la ley “con detenimiento, independencia y objetividad”.
Didier Reynders, Comisario de Justicia, subrayó la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial en España y recordó que, aunque el desafío separatista catalán es un asunto interno de España, la Comisión Europea seguirá de cerca la situación para asegurar el cumplimiento de los valores y tratados europeos.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado recientemente la proposición de ley a la Comisión, y se espera que el ministro Felix Bolaños viaje a Bruselas para aclarar dudas. Por su parte, Angeles Moreno Bau, Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales de España, criticó la celebración del debate, señalando que podría perjudicar los valores europeos.
El debate también fue apoyado por diversos grupos políticos, incluyendo populares, liberales y conservadores. Manfred Weber, del Partido Popular Europeo, acusó a los socialistas de perder su credibilidad como defensores del Estado de Derecho. Adrián Vázquez de Ciudadanos instó a los socialistas europeos a reaccionar, mientras que Jorge Buxadé de Vox y María Eugenia Rodríguez Palop de Podemos expresaron sus posturas contrarias.
La ley de amnistía, a examen
La Comisión Europea deberá examinar si la ley de amnistía perjudica los intereses económicos de la Unión o si implica una forma de lawfare que socava el Estado de Derecho, como acusan desde posiciones independentistas. El debate producido en Estrasburgo ya anticipa una división de opiniones en Europa respecto a la política interna de España.
Mientras algunos ven la amnistía como una solución pragmática para un problema político prolongado, otros la perciben como una amenaza al Estado de Derecho y a los principios democráticos fundamentales. Con la atención de la Comisión Europea firmemente puesta en esta cuestión, España se encuentra en una posición delicada, teniendo que equilibrar sus políticas internas con las expectativas y normativas de la Unión Europea.
