Maduro ha emitido un decreto gracias al cual no rendirá cuentas a nadie, amplía su poder y restringe más derechos a sus ciudadanos. Además, declara con él el estado de emergencia en Venezuela.

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Se trata del decreto número 3.610 y en él Nicolás Maduro establece el “Estado de Emergencia Económica” en Venezuela. En la práctica, permite que el presidente no rinda cuentas a nadie, amplíe su poder y restrinja derechos a sus ciudadanos.

El decreto permitirá a Maduro también tomar medidas “urgentes y excepcionales” sin tener que consultar con ningún otro poder constituido. El periodo que abarca, de momento, es de 60 días. Aunque es un plazo prorrogable.

En su primer artículo, el Gobierno de Maduro adoptará las medidas “urgentes, efectivas, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida”.

El segundo artículo del decreto está dedicado a hablar de la supuesta “guerra económica”. Afirma que podrán ser restringidas las garantías para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución venezolana. Lo que deja a los ciudadanos venezolanos más expuestos.

También dicta que podrá haber normas que “excepcionalmente y sin sometimiento alguno a otro Poder Público, autoricen las operaciones de crédito público, sus reprogramaciones y complementos, que regirán para el Ejercicio Económico Financiero 2019”.

Por último, Maduro se ha asegurado de aumentar su poder y permitirse “suspender temporal y excepcional” a cualquier cargo público en caso de obstaculizar las medidas económicas.

‘Paquetazo rojo’

El nuevo decreto de Maduro está inmerso en el llamado ‘paquetazo rojo’. Una serie de medidas que arrancaron el pasado 20 de agosto con la reconversión monetaria. Una manera de maquillar la hiperinflación que sufre Venezuela desde hace meses.

Un paquete de medidas que no ha logrado el éxito esperado. Y es que, de hecho, el país ha visto cómo su economía caía un 50%. Porcentaje que también sale de los años de Gobierno de Maduro.

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