Desde que comenzara a acumular poder en 2017 hasta su confirmación como heredero en septiembre de ese año, Mohamed bin Salman ha hecho de la represión un distintivo en Arabia Saudí. El régimen ha incrementado las detenciones y ejecuciones. Los activistas de los derechos humanos, los intelectuales, influyentes líderes religiosos o voces contrarias al régimen están siempre en el punto de mira. Algo que venía denunciando desde hace tiempo el periodista Jamal Khashoggi.
Según Amnistía Internacional, en 2017 se estuvo a punto de batir un récord de ejecuciones. Hasta 146 condenas a muerte, sólo 12 menos que en el 2015, el año en que más se produjeron.
De esas ejecuciones, 59 correspondían a delitos relacionados con tráfico de drogas y 40 a crímenes no violentos.
Así funciona la represión
La represión en Arabia Saudí funciona como un reloj y podría dividirse en cinco puntos diferentes.
1. Los jueces no son independientes. El rey tiene el control absoluto de la judicatura. Es decir, la familia real es quien aplica la justicia al resto de la población.
2. El fiscal general también depende del rey, lo que facilita que se emitan los juicios que la familia real quiera.
3. No se aplica la ley islámica sino que los jueces actúan a su libre discreción. Tampoco el principio de compensación por el crimen cometido al que tiene derecho el acusado.
4. Arabia Saudí no reconoce la Convención contra la tortura de Naciones Unidas.
5. La llamada Sociedad Nacional para los Derechos Humanos depende del Ministerio de Asuntos sociales. Y, por tanto, del Gobierno.
Los errores, omisiones, acusaciones con falta de pruebas y las llamadas ‘confesiones’ obtenidas bajo tortura están a la orden del día.
