A manos de la delincuencia armada o de las fuerzas de seguridad. Ser joven en Venezuela y vivir en un barrio pobre aumenta las probabilidades de morir asesinado. Así lo denuncia de manera escalofriante Amnistía Internacional (AI), que acusa al Gobierno de Maduro de no hacer lo suficiente para garantizar el derecho a la vida y la integridad personal de sus ciudadanos.
En su informe ‘Esto no es vida: seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela’, AI denuncia que el Estado venezolano no sólo no garantiza la vida y seguridad en un contexto alarmante de inseguridad, sino que implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia.
Jóvenes y pobres
El resultado de todo ello son las ejecuciones extrajudiciales de más de 8.200 personas. Todas ellas entre 2015 y 2017, según el informe. El año pasado, el 95% de las víctimas de homicidios fueron hombres jóvenes. La mayoría, de entre 12 y 44 años de edad. Y vivían en los barrios más pobres de Venezuela.
La directora de Amnistía Internacional en las Américas, Érika Guevara Rosas, ha recordado que «el Gobierno del presidente Maduro debe garantizar el derecho a la vida, en vez de quitársela a la juventud del país». «Todos los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro, y no vivir con el temor de que policías o militares les vean como enemigos que deben erradicar», añade.
Récord de asesinatos
En 2016, Venezuela registraba el índice más alto de asesinatos en la historia, con más de 21.700 muertos. Lo que supone algo más de 70 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Una cifra que era superada en 2017, cuando se estima que hubo 89 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Supera así a El Salvador y se trata del triple de la cifra que se registró en Brasil. Estos dos, países con altas tasas de violencia.
La mayoría de esas víctimas, además, fueron asesinadas en sus hogares y en presencia de sus familias. La más habituales, con disparos en el tórax, la cabeza y el cuello.
Por otra parte, Amnistía Internacional ha observado que pese a que en los últimos 17 años el Gobierno ha aplicado al menos 17 planes de seguridad, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de prevenir la violencia armada y sus efectos, ni tampoco ha investigado, sancionado ni reparado los derechos conculcados de las víctimas.
«Es alarmante que, en vez de aplicar políticas públicas eficientes para proteger a la gente y reducir los índices de inseguridad, las autoridades venezolanas usen un lenguaje bélico para intentar legitimar el uso excesivo de la fuerza, y en muchos casos intencionalmente letal, por parte de agentes policiales y militares», subraya Guevara Rosas.
