Con una inflación del 15,1%, una fuerte devaluación de la moneda oficial y una tasa de desempleo que supera el 50 %, Haití se encuentra inmerso ahora en un grave clima de tensión social, con protestas en las calles que exigen la renuncia del presidente Moise y que están siendo especialmente protagonizadas por los jóvenes de un país donde cerca del 70 % de la población tiene menos de 35 años.

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El anuncio por parte del Gobierno haitiano de un nuevo paquete de medidas económicas fue la chispa que el pasado 7 de febrero encendía un polvorín que no necesitaba demasiada mecha para estallar. Empezaron los bloqueos de las calles y las carreteras que, a su vez, fueron respondidos con violencia contra los manifestantes. Después de las dos primeras semanas, los cálculos sobre el terreno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciaban la muerte de al menos 30 personas, junto a un número de heridos que podría alcanzar el centenar. Esta misma comisión no tardó tampoco en expresar su inquietud ante una situación que, como siempre, estaba afectando a la población por su impacto en la provisión de bienes y servicios esenciales para la alimentación, el agua potable y la salud, así como por el cierre de hospitales, escuelas, puertos y aeropuertos.

La presente inestabilidad política y social en Haití también supone un mazazo para el sector turístico en el que muchos quieren poner sus esperanzas, a pesar de que por el momento son pocos los que han visto cambiar su presente gracias a empleos en este sector. Sin embargo, los hay. Por ejemplo, en el mercado de artesanías de la carretera Panamericana, en Petion Ville, los vendedores se quejan de que desde empezaron las protestas no han podido vender sus artículos porque no hay turistas, aunque la mayoría entiende que miles de personas salgan a la calle para exigir la renuncia del gobierno de Jovenel Moise.

El presidente de Haití, Jovenel Moise
El presidente de Haití, Jovenel Moise

Además, aparte de exigir la renuncia de Moise, al que la oposición culpa de la crisis económica, los manifestantes también piden justicia por las supuestas irregularidades en el programa Petrocaribe, a través del cual Venezuela suministra petróleo a este país a precios preferenciales. Una auditoría del Tribunal de Cuentas acaba de revelar irregularidades en este programa, que tuvieron lugar entre los años 2008 y 2016 y apuntan a quince exministros y actuales funcionarios. Todos ellos presuntamente involucrados en lo que parece una gran trama de corrupción, lo mismo que una empresa que dirigía Jovenel Moise antes de ocupar su cargo institucional.

Por eso, los llamamientos al diálogo por parte del actual gobierno no cuentan con la credibilidad de las facciones de oposición más radicales, como el Sector Democrático y Popular, y rechazan sentarse a negociar con quienes, a su juicio, han estado lucrándose ilegalmente en el país más pobre de América. Muy al contrario, André Michel, portavoz del sector Democrático y Popular, declaraba su esperanza de que las movilizaciones sirvan para que “comunidad internacional entienda que con Moise el país no va a tener estabilidad política”, a la vez que pedía ayuda para formar un “gobierno de transición que evite la confrontación”. Michel y el resto de líderes opositores insisten en la referida exigencia de que se haga justicia en el caso de la presunta malversación de fondos de Petrocaribe, una justicia imposible de alcanzar si “el principal involucrado” sigue teniendo las riendas de un país del que, en los últimos tres años, han tenido que emigrar 300.000 personas, en su mayoría jóvenes que viajaron a Chile en busca de un futuro mejor.

Por otra parte, las últimas noticias en relación a los disturbios que siguen sumando muertes en las calles sorprendían con la detención de cinco estadounidenses y dos serbios provistos con armas automáticas, que fueron de inmediato enviados a Estados Unidos, donde los dos últimos tienen también la residencia. Ese mismo día, miércoles de la pasada semana, el citado opositor André Michel denunciaba en una rueda de prensa que los detenidos eran mercenarios a sueldo del Gobierno para, presuntamente, atentar contra los dirigentes de la oposición.

Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad de la ONU abordaba la crisis en Haití en una reunión a puerta cerrada solicitada por Estados Unidos, Francia y Alemania. En ella, los 15 países acordaron una breve declaración para mostrar su inquietud por la situación y para llamar a todos los haitianos a “expresarse de forma pacífica”. Un llamamiento que queda muy apartado de cualquier tipo de declaración crítica con el gobierno que se pretende derrocar en las calles. Lo cierto es que estas protestas han aumentado la inseguridad y provocado un clima de incertidumbre que empeorará, más si cabe, la grave crisis económica que tocó fondo este año por la fuerte depreciación del gourde y la insoportable inflación.

En barrios como el de La Saline, considerado uno de los más peligrosos de Puerto Príncipe, no hace falta mirar mucho para ver de cara la pobreza en la que viven más de la mitad de los 10 millones de haitianos y que ha empujado a miles de jóvenes a protestar en las calles. La precariedad en esta zona, en la que se calcula que viven hacinadas en torno a 30.000 personas, es extrema y muchas familias tuvieron, además, que salir huyendo a finales del pasado año por culpa de la violencia de las bandas armadas que operan en este lugar. Fue a raíz de la muerte de 59 personas en lo que la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos de Haití (Rnddh), calificó como una “matanza de Estado”. La organización no dudó en culpar de lo ocurrido a las bandas que operan con el supuesto apoyo de miembros de la Policía. En declaraciones a Efe, los jóvenes de este castigado barrio, donde las casas no tienen agua ni luz y no existen colegios ni centros médicos, aseguraron que seguirán saliendo a protestar, porque “El Gobierno no hace nada, no hay trabajo, el país está destruido”.  

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