El Departamento de Justicia de Estados Unidos critica severamente al sistema penitenciario de Alabama, que califica de “disfuncional”, mientras la gobernadora republicana Kay Ivey está volcada en la durísima ley contra el aborto que acaba de rubricar después de que el Senado votara a favor sin la venia de ninguna senadora mujer.

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De acuerdo con el informe anual del Instituto de Investigación de Política Criminal (ICPR), Estados Unidos encabeza el ranking mundial que establece la proporción de población reclusa por cada 100.000 habitantes, con una tasa de 646 presos. Después le seguiría El Salvador, el país más pequeño de América Latina, y Turkmenistán ostentaría el dudoso honor de ser el tercero de la lista, con una tasa de 583. En Estados Unidos, sin embargo, lo que está preocupando en los últimos tiempos es el gravísimo repunte de violencia en el interior de los centros penitenciarios del sur, especialmente los situados en Alabama, que llevan años acusando una superpoblación difícil de conciliar con la seguridad. El sistema penitenciario de este estado sureño cuenta con 13 centros de reclusión diseñados, en su día, para albergar un máximo de 9.882 prisioneros, pero la realidad es que en sus instalaciones hay más de 16.300 internos. Esto se traduce en una superpoblación del 182%, el porcentaje más alto de todo el país. Y si a este hacinamiento se le suma la falta de personal, el resultado es un ambiente marcado por la violencia extrema, donde reina la extorsión, el tráfico de armas y drogas. Y donde no faltan, por supuesto, las agresiones sexuales y los homicidios.

Un informe del Departamento de Justicia sobre las prisiones de Alabama asegura que “Las violaciones son graves, sistémicas y exacerbadas por graves deficiencias”. Este informe acaba de ser publicado, apenas unas semanas después de que ocho reclusos de la prisión Holman, en Alabama, pusieran fin a una huelga de hambre contra el régimen de aislamiento, agravado por el hecho de que los funcionarios cortaran el suministro de agua de sus celdas. El equipo de expertos en sistemas carcelarios del Departamento de Justicia que realizó durante dos años esta extensa indagatoria sobre las prisiones de Alabama asegura que se encontraron con una situación escabrosa al límite, donde aparte de palizas y asesinatos, los abusos sexuales ocurrían de manera cotidiana – entre 2016 y 2018 se denunciaron más de 600 -, a veces, a la vista de los guardias. De hecho, el Departamento de Justicia ha llegado a acusar de forma directa a la administración de Alabama de mostrarse “deliberadamente indiferente” a lo que ocurre en sus cárceles, a pesar de que se trata de una situación que también afecta a los guardias.

Una violencia que, en todo caso, no siempre puede incluirse en informes estadísticos, ya que muchos reclusos no se atreven a denunciar por temor a represalias y también, en la mayoría de los casos, por “vergüenza”. De modo que si los guardias no lo denuncian, nadie “toma nota”, por lo que el Departamento de Justicia considera que el índice de casos podría ser mucho mayor. Para colmo, los investigadores de Justicia se toparon con una medida que les llamó especialmente la atención: las víctimas de una violación son las que, después de la agresión, acaban encerradas en celdas de confinamiento mientras que sus agresores siguen haciendo “vida normal” con el resto de presos. Por otra parte, los investigadores también se llevaron una macabra sorpresa a la hora de examinar los registros de homicidios. Descubrieron que muchos de los asesinatos ocurridos en los centros de Alabama habían sido catalogados como muertes por causas “naturales”. En febrero de 2018, por ejemplo, después de una reyerta con navajas en la cárcel de Kilby, la autopsia del preso que había perdido la vida reseñó heridas por apuñalamiento en la cabeza, el abdomen, la espalda y los brazos, por lo que el forense lo catalogó como una muerte intencional. Sin embargo, el parte carcelario recogió una “causa natural” como responsable de la muerte. Las armas de fabricación casera e incluso las comerciales son objetos “normales” en estas cárceles, según recoge el Departamento de Justicia en su demoledor informe. En la prisión de Bibb, inaugurada en el condado de Brent en 1998, las autoridades han admitido que de los 1.800 presos que cumplen condena allí, al menos 200 tienen o han llegado a tener algún tipo de arma. Aunque los propios internos van más allá en los cálculos: todos tienen cuchillos para sobrevivir en las cotidianas peleas.

Por lo que se refiere a los guardias, la situación es, en la mayoría de los casos, de un alto nivel de peligrosidad, hecho que algunos esgrimen como motivo para mirar en ocasiones hacia otro lado. Un guardia de la prisión Donaldson se atrevió a confesar que para ellos un “buen día” consistía en “salir por estas puertas y saber que todavía estás vivo”. La investigación incluye numerosos casos de guardias que han sido apuñalados, golpeados, pateados, pisoteados y amenazados con todo tipo de armas. El último homicidio de un guardia tuvo lugar en la prisión de Holman, de la que estos días se ha hablado mucho en el país porque allí acaba de ser ejecutado Christopher Price, condenado a pena de muerte en 1993 por el asesinato del reverendo Ben Lynn. Y es que Alabama es, por otra parte, uno de los estados donde más ejecuciones siguen llevándose a cabo en el país. Price fue el tercer preso ejecutado este año en Alabama y noveno en todo el país. Desde que la Corte Suprema restituyó la pena de muerte hace cuatro décadas, de los 1.499 presos ejecutados en Estados Unidos, 66 lo han sido en alguna de las hacinadas cárceles de Alabama.

Para el gobierno de Alabama, en todo caso, las críticas del Departamento de Justicia son únicamente “preocupaciones mutuas”. La gobernadora republicana del estado, Kay Ivey, en el cargo desde 2017, ha asegurado que en los próximos meses su administración trabajará estrechamente con el Departamento de Justicia para “mejorar” la situación de sus cárceles. Aunque eso tendrá que esperar, porque Ivey está volcada por completo en la durísima ley contra el aborto que acaba de rubricar después de que el Senado de Alabama votara a favor de la misma sin la venia de ninguna senadora mujer, ya que los 25 congresistas estatales que dijeron sí a la polémica ley son varones. La mayoría republicana en la Cámara Alta, que no cuenta con ninguna mujer entre sus 27 escaños (de 35 en total), hizo pesar su dominio y el  proyecto se aprobó con 25 votos a favor y seis en contra por parte de los demócratas, partido que cuenta con cuatro mujeres entre sus ocho legisladores. Con cuatro senadores de 35 bancadas (11,4%), Alabama tiene una de las proporciones de género más desiguales del país. Y la diferencia también se hizo notar cuando los demócratas intentaron introducir una enmienda para permitir la interrupción del embarazo en los casos de violación e incesto. 21 votos en contra, otra vez todos de hombres, se impusieron sobre los 11 que intentaban aminorar el impacto del texto del proyecto.

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