Los húngaros llevan meses intentando tumbar alguna de las “impensables” leyes que el primer ministro, el nacionalista Viktor Orbán, sigue sacándose del sombrero para estupefacción de una Europa que creía haber dejado atrás los métodos del otro lado del telón de acero. Las multitudinarias manifestaciones, sin embargo, no han servido para nada. Orban no parece tener miedo a tensar cada vez más una cuerda que ya tendría que haberse roto por parte de la UE. Y que no se rompa, envalentona a este gobernante de golpe en la mesa. El último ha llegado con la aprobación ayer de un proyecto de ley elaborado por los diputados de su partido, el Fidesz, que supone el aumento al máximo de las horas extras anuales – de 250 a 400, lo que podría significar en algunos casos que los empleados trabajen seis días por semana – y amplía el plazo hasta tres años, en lugar de los 12 meses que la ley establecía hasta ahora, para que el empresario las abone al trabajador.
Viktor Orbán
Según una reciente encuesta del Instituto Policy Agenda, el 83% de los húngaros rechazaba esta nueva legislación laboral, pero el Gobierno conservador asegura que servirá para flexibilizar el mercado laboral permitiendo que aquellas personas que quieran trabajar más, puedan hacerlo sin chocar contra “barreras burocráticas”. Por supuesto, la oposición califica el nuevo marco laboral como próximo a la esclavitud y advierte de que aunque las horas extras siguen siendo voluntarias, los empleados corren el riesgo de ser despedidos si se niegan a trabajarlas. Para el presidente de la Confederación Húngara de Sindicatos (Mszsz), László Kordás, el Gobierno habría “contraído un pacto secreto con el capital”, y la mayor queja es que ni siquiera se hayan realizado consultas con los sindicatos y trabajadores.
Por su parte, la Comisión Europea tampoco ve con buenos ojos la nueva medida de Orban. Ni cree que esta sea la mejor respuesta a la advertencia que se realizó el pasado verano a Hungría: el país está en riesgo de desaceleración por culpa de la falta de mano de obra. Y riesgo no afecta solo a Hungría. La paradoja es que la Europa del Este necesita mano de obra urgente pero no se fía de los inmigrantes. Junto a Hungría, Rumanía y la República checa también sufren de una peligrosa combinación de elementos que conducen sin remedio a la desaceleración: disminución demográfica, severos límites a la inmigración y sueldos bajos. La pescadilla que se muerde la cola, porque los sueldos bajos hacen que se siga buscando trabajo en otros países de Europa, provocando el descenso de la población trabajadora y la escasez de mano de obra.
En Hungría hay 80.000 puestos de trabajo vacantes, 40.000 en Rumanía y aproximadamente 300.000 en la República Checa. Los tres países cuentan con políticas migratorias muy severas: no quieren – salvo excepciones – trabajadores extranjeros. Hasta hace poco el pronóstico de crecimiento económico para estos países era muy bueno, pero la propia falta de mano de obra acabó frenando la producción y con ella la incipiente aceleración de sus economías. En la República Checa, por ejemplo, el número de puestos de trabajo vacantes supera ya al de desempleados. Un despropósito, que en Hungría trata de paliar Orban a base de que los que trabajan acumulen más trabajo.
Tras la alerta lanzada por la Comisión Europa, en Rumanía se decidió dar permiso de trabajo a los foráneos que tienen contrato por el salario medio, unos 550 euros, mientras que la República checa optó por permitir la entrada selectiva de extranjeros cualificados y, en concreto, creó un régimen especial para atraer mano de obra de Mongolia, Filipinas y, sobre todo, Ucrania y Serbia. La afinidad cultural y lingüística es uno de los principales criterios de selección, y los trabajadores ucranianos son especialmente demandados.
Hungría, sin embargo, no ha logrado atraer a trabajadores serbios o ucranianos a pesar de que también se ha apelado a la afinidad cultural y les ofrecen facilidades burocráticas. El fracaso puede atribuirse en parte a la mala imagen creada por sus duras políticas migratorias contrarias a la llegada de refugiados, principalmente de países musulmanes, pero se debe sobre todo a los bajos salarios. Desde hace un año, en sectores como la informática, la ingeniería, la construcción o la enfermería, se permite a serbios y ucranianos trabajar sin permiso por un periodo de hasta 90 días, pero los salarios ofrecidos están lejos de los que se pagan en países como Alemania o Austria.
Y esos mismos salarios poco competitivos que no atraen a los ucranianos, sirven además para que los propios húngaros busquen ganar más dinero fuera de su país. El 6% de la población vive ya en el extranjero, principalmente en Alemania, Austria y Gran Bretaña, y las previsiones muestran una continuada caída de la población para los próximos años.
