Sólo la semana pasada, al menos cuatro empresas, tres de ellas cotizadas, comunicaron oficialmente que se llevan su sede fuera de Cataluña. Primero fue el Banco Sabadell, uno de los principales bancos españoles, en el cambio de sede social para poder seguir operando con normalidad dentro del Eurosistema, garantizando los intereses de sus accionistas, clientes y empleados dentro de cualquier escenario. Lo mismo sucedió poco después con CaixaBank aunque la primera empresa en dar la voz de alarma fue la empresa biotecnológica Oryzon que trasladaba su domicilio social de Cornellà de Llobregat (Barcelona) a Madrid para «optimizar sus operaciones y la relación con sus inversores», decisión que hacía pública dos días después del referéndum ilegal del 1 de octubre.
La empresa de telecomunicaciones Eurona, que cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), también ha anunciado que trasladará su sede de Barcelona a Madrid, lo mismo que Proclinic Expert, dedicada a la distribución de productos odontológicos, que trasladará su sede social de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a Zaragoza, donde ya dispone de un importante centro logístico. Meses atrás ya lo habían hecho otras como Naturhouse, también cotizada, o Derby Hotels. Asimismo, el empresario catalán Pau Guardans ha trasladado de Barcelona a Madrid el domicilio social de algunas de sus sociedades.
Otras importantes compañías, como Pronovias o Planeta, amenazaron hace tiempo con irse de Cataluña si ésta declaraba la independencia, mientras que la aseguradora Catalana Occidente o las familias propietarias de las farmacéuticas Almirall e Indukern han expresado su preocupación por este eventual escenario. De hecho, las organizaciones patronales catalanas han reconocido que hay empresas que tienen planes B ante una eventual declaración unilateral de independencia y que han abierto segundas delegaciones fuera de Cataluña o que incluso han separado una parte del negocio, creando otra compañía con sede en otro punto.
