El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado este jueves prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para la presidenta del Parlament Carme Forcadell.

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Además, el juez ha acordado libertad bajo fianza de 25.000 euros para otros cuatro de los imputados de la antigua Mesa del Parlament, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet. A todos les ha dado un plazo de una semana para abonar la citada cuantía.

No obstante, el magistrado del Tribunal Supremo impone medidas cautelares para todos ellos una vez que hayan depositado las respectivas fianzas. Así, tendrán prohibición de salir del territorio nacional, se les retirará el pasaporte y tendrán comparecencias semanales en el Juzgado.

Mientras tanto, el sexto imputado en la causa por rebelión, sedición y malversación en el Supremo, Joan Josep Nuet, queda en libertad provisional sin ninguna medida cautelar.

EL JUEZ ATRIBUYE A FORCADELL UNA “ACTUACIÓN PRINCIPAL”

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena considera fundada la  acusación de rebelión contra la expresidenta del Parlamento catalán,  Carmen Forcadel porque estima que se ha producido violencia en la  *”determinación” de los promotores de la independencia de usar la  movilización popular que, en caso de ser contrariada, “podía resultar  incontrolable”. Es decir, que podía suponer la “espoleta” de una  “eventual explosión social que ellos podían modular” y, por tanto ser  usada la “violencia coactiva para la consecución de sus fines”.

El instructor de esta causa considera que para que se cumpla el  requisito de la violencia en el delito de rebelión no es necesario  que hayan “hechos lesivos o daños contra personas o bienes”, sino una  intención de alcanzar “a todo trance” unos fines.

Así lo ha explicado el magistrado en la resolución que ha dictado  ayer jueves por la noche tras tomar declaración a Forcadell y a otros  cinco exmiembros de la Mesa del Parlamento catalán investigados por  rebelión, sedición y malversación de caudales públicos por facilitar  la tramitación de las leyes independentistas.

Ha explicado que es cierto que el Código Penal exige “un  alzamiento violento y público” para el delito rebelión. Pero ha  precisado que “eso no quiere decir que para que el alzamiento público  sea violento, resulte exigible que incorpore hechos lesivos o dañosos  contra personas o bienes, sino que se manifiesta también el  alzamiento violento cuando integra la ostentación de una fuerza y se  muestra la disposición a usarla”, apostilla Llarena.

Añade el magistrado que cuando el levantamiento se orienta “de  modo inequívoco a intimidar a los poderes legalmente constituidos”,  ya sea por el ejercicio “activo de una fuerza incluso incruenta” o  por “la exteriorización publica y patente” de estar dispuesto a su  utilización, “por existir una determinación de alcanzar ‘a todo  trance'”, los fines que contempla el Código Penal. Además, destaca  que el caso de que se utilizasen armas o la realización de combates  justificaría la comisión “agravada” de este delito.

El magistrado indica en el auto que, aunque los investigados han  renunciado al uso de la violencia en las movilizaciones afines a la  independencia de Cataluña, y que “más que resulta evidente que el  civismo acompañó a las decenas de miles de ciudadanos” que se  movilizaron, la querella presentada por la Fiscalía General del  Estado destaca numerosos “comportamientos agresivos”.

En esta línea enumera la ocupación de las calles por centenares de  tractores; el “bloqueo” y “asedio” de edificios dependientes de la  Generalitat y de la Administración del Estado, y de hoteles donde se  alojaban a agentes de la Policía y Guardica Civil; el “aislamiento”  de agentes o de la comisión judicial en la Consejería de Economía  -por los que los presidentes de la Asamblea Nacional de Cataluña  (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart,  respectivamente se encuentra en prisión, investigados por un delito  de sedición–; o las “amenazas” a empresarios.

“GERMEN VIOLENTO QUE ARRIESGABA A EXPANDIRSE”

El magistrado recalca que éstos “son comportamientos que expresan  el violento germen que arriesgaba a expandirse”.

Según el juez instructor del Tribunal Supremo, los seis  investigado fueron “conscientemente instrumentalizados” para la  consecución de la independencia de Cataluña porque las movilizaciones  se contemplaron “siempre” como uno de los elementos del proceso de  independencia y porque existió “desde un principio” una hoja de ruta  que integraba a los responsables políticos autonómicos, municipales y  las asociaciones ciudadanas independentistas, que han llamado  “permanentemente” a una movilización colectiva y a una “resistencia  activa”.

A ello añade que el proceso “no contaba con otro instrumento de  imposición de la situación de hecho creada que la amenaza de una  determinación popular que -de ser contrariada- podría resultar  incontrolable”.

A PESAR DE LOS FOCOS VIOLENTOS, NO MODIFICARON SUS PRETENSIONES

En este sentido, explica que, aunque todos los investigados declararon ayer que no presenciaron ningún acto violento, sí admiten  haber visto reflejados en los medios alguno de los hechos expuestos  en la querella y, sin embargo, no modificaron su comportamiento  posterior con respecto al proceso independentista.

Por ello, el magistrado insiste en que en estas condiciones, “no  está carente de fundamento la petición acusatoria” de que los  promotores de la independencia podrían haberse servido de estos  “puntuales focos violentos” y de una “movilización decidida” y  pacífica mucho mayor, para “exhibir los movimientos populares como la  espoleta de una eventual explosión social que ellos podían modular y,  por tanto, como la violencia coactiva para la consecución de sus  fines”.

FORCADELL RENUNCIA A LA VÍA UNILATERAL

El magistrado Pablo Llaneras ha adoptado esta decisión después de que la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, y al menos tres exmiembros de la Mesa del Parlamento catalán manifestaran, a última hora, que renunciaban a la vía unilateral de independencia.

Antes de concluir la vistilla en la que la Fiscalía ha solicitado medidas cautelares, como la prisión, para cinco de los investigados que han declarado este jueves durante siete horas por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por los hechos relacionados con el debate en la cámara parlamentaria y la proclamación de la independencia, el magistrado dió la oportunidad a los investigados para ofrezcieran un último alegato.

En ese momento, en ese turno de última palabra, Forcadell y al menos tres de los exmiembros de la Mesa han manifestado que renunciaban a la unilateralidad con la que se declaró la independencia de Cataluña, adhiriéndose a la declaración prestada por Ramona Barrufet.

La exsecretaria cuarta de la Mesa del Parlamento catalán había manifestado durante su declaración que el referéndum del 1-O no tuvo validez, ya que no contaba con garantías, han precisado las fuentes presentes en la misma. En otro momento, la parlamentaria habría rechazado, según las mismas fuentes, la vía unilateral y reconocido que el proceso sólo podría desarrollarse con pacto, además de decir que acata la aplicación del artículo 155 de la constitución.

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