La Unión Europea ha conseguido doblar el brazo a Polonia con su reforma judicial. Finalmente, el partido del Ejecutivo, el ultraconservador Ley y Justicia (PiS), ha reculado y ha aprobado una enmienda que supone la reincorporación de los 27 jueces obligados a jubilarse.

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El Gobierno de Polonia inició este miércoles la marcha atrás a la ley que avanzaba la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo, tras las órdenes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se dejara en suspenso la aplicación de esa controvertida medida.

El gubernamental partido nacionalista Ley y Justicia (PiS) presentó ante el Parlamento polaco el correspondiente proyecto de ley, que, de prosperar, supondrá la reincorporación a sus puestos de los magistrados que se habían visto obligados a retirarse.

Con ello respondió a las instrucciones del tribunal europeo, que el pasado 19 de octubre ordenó a Polonia suspender de forma cautelar su reforma del Tribunal Supremo en lo que se refiere al adelanto de la edad de jubilación de sus magistrados, de los 70 a los 65 años.

Los magistrados afectados, entre ellos la presidenta del Supremo, Malgorzata Gersdorf, se reincorporaron de facto el 22 de octubre a sus puestos a raíz de esa decisión de la instancia europea, a lo que ahora siguió la presentación formal por parte del Ejecutivo polaco del correspondiente proyecto de ley.

El pasado martes, el vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Frans Timmermans, apremió de nuevo a Varsovia a cambiar lo antes posible su rumbo y a no tratar de “acelerar” la implementación de la normativa para la jubilación adelantada.

Edad de jubilación

El apartado de la ley contra la que actuó Bruselas reducía la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo desde los 70 años a los 65, un cambio que afecta a 27 de los 72 magistrados, incluida la presidenta de esta corte.

Un total de 23 de estos magistrados quedaron obligados a retirarse el pasado julio, después de que entrase en vigor la nueva normativa.

La Comisión Europea (CE) advertía en esta legislación un intento de vulnerar el principio de la independencia del poder judicial polaco y la separación de poderes, lo que es “incompatible” con el derecho europeo.

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