A la Comisión Europea (CE) se le ha acabado la paciencia con Polonia y su deriva autoritaria. Por ello, ha decidido llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la reforma del Tribunal Supremo, una treta legal del Gobierno, liderado por el eurófobo y ultraderechista Partido de la Justicia (PiS), para emprender una purga de jueces discrepantes.
“La CE mantiene que la ley polaca sobre el Tribunal Supremo es incompatible con las leyes europeas, ya que socava el principio de independencia judicial, incluyendo la inamovilidad de los jueces”, explicó este organismo en un comunicado.
La decisión de llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia por su nueva ley sobre el Supremo, aprobada el pasado 3 de abril, llega después de que Bruselas haya solicitado a Varsovia en varias ocasiones que tome medidas para asegurar que las reformas no afecten a la independencia del poder judicial.
La ley que preocupa a Bruselas reduce la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo desde los 70 años a los 65, un cambio que pondría a 27 de los 72 magistrados en riesgo de ser obligados a retirarse anticipadamente y afectaría también al presidente de esta corte, que dispone de un mandato de seis años recogido en la Constitución polaca.
Los jueces jubilados prematuramente pueden solicitar una prolongación de su mandato por un periodo de tres, que corresponde aprobar al presidente de Polonia, Andrzej Duda, si bien no se han hecho públicos los criterios que debe seguir para tomar la decisión y no hay posibilidad de revisarla.
“La CE cree que la aplicación continuada del régimen de jubilaciones supondría un daño serio e irreparable”, explicó en una rueda de prensa la portavoz comunitaria Mina Andreeva.
La salvaguardia que proponen las autoridades de Polonia es una consulta no vinculante al Consejo Nacional del Poder Judicial, un organismo cuya composición infringe ahora las normas europeas sobre independencia judicial, afirma la Comisión.
El Ejecutivo comunitario solicitó a la corte europea que imponga “medidas cautelares” hasta que haya emitido una sentencia sobre el caso, para “restaurar” el Supremo polaco a la situación en la que estaba antes del pasado 3 de abril.
Además, Bruselas pidió al TJUE que tramite este caso por “procedimiento acelerado” para reducir al máximo los plazos, una decisión que recae en el presidente del Tribunal de Justicia decidir, una vez oídas las demás partes.
Botón nuclear
La Comisión Europea activó el pasado mes de diciembre el artículo 7 de los tratados comunitarios -el llamado botón nuclear- contra Varsovia, la primera vez que se usaba este mecanismo desde su creación, para pedir al Consejo que determine si hay un “riesgo claro de violación seria del Estado de derecho” en este país.
Desde entonces, el Consejo, la institución que representa a los países de la UE, ha mantenido dos audiencias con miembros del Gobierno polaco para abordar este asunto, en las que la situación no ha progresado.
Polonia va un paso por delante de su vecina Hungría, a la que hace escasos días también se le activaba este artículo 7, pero en este caso en la Eurocámara.
