Está en Bangladesh, en Cox Bazar, a donde cientos de miles de rohingya, minoría étnica afincada en Birmania, han estado llegando especialmente durante los últimos seis meses para escapar de lo que se asegura que es una limpieza étnica por parte de Myanmar.
Un informe de Amnistía Internacional de diciembre de 2016 ya aseguraba que las acciones de los militares de Birmania contra esta minoría étnica constituían un crimen contra la humanidad. Por su parte, 13 Premios Nobel – entre los que se encuentra el arzobispo Desmond Tutu, Muhammad Yunus, Malala Yousafzai, José Ramos Horta y Oscar Arias – dirigieron una carta al presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para pedir al citado organismo que actúe y evite un genocidio en el país
En su misiva, los Premios Nobel critican abiertamente a la también premio Nobel de la Paz Aung Sang Suu Kyi, quien tras dos décadas bajo arresto domiciliario lidera ahora el gobierno de Birmania. “Suu Kyi es la líder del país y la primera responsabilidad de un líder es liderar con coraje, humanidad y compasión”, puede leerse en la durísima carta que intenta poner su particular grano de arena en la lucha que trata de impedir que estos seres humanos sigan siendo maltratados y exterminados.
En todo caso, aunque el partido de Suu Kyi ganó en 2015 las últimas elecciones permitidas por los militares, una prohibición legal le impide ocupar la presidencia. Su cargo es de canciller y asesora de Estado; se la considera líder de facto de Birmania, pero al tenor de la Constitución redactada por los militares, éstos siguen reteniendo el control de los ministerios del Interior, Defensa y Control de Fronteras.
La terrible situación de los rohingya no es de ahora y, en el fondo, desde que en 2015 – precisamente antes de las referidas elecciones – empezaran a extenderse noticias sobre su vida en Birmania y el terrible éxodo al que se veían obligados, se barruntaba la actual tragedia. Porque entonces no se hizo nada y después de un tiempo, como en realidad ocurre con cualquier asunto por grave que sea en la atareada sociedad que vivimos, nos olvidamos de su existencia.
Apátridas sin acceso a la sanidad, la educación o el voto, los rohingya tienen que pedir permiso a las autoridades para contraer matrimonio y firmar que no tendrán más de dos hijos. Tampoco tienen derecho a viajar, viven confinados en sus pueblos e incluso para ir a la aldea vecina tienen que solicitar un permiso. No pueden poseer tierras o cualquier otro tipo de propiedades y los permisos fronterizos se conceden “sin derecho a regresar a su casa una vez superado el plazo concedido para estar fuera del país”.
En 2015, cuando por primera vez muchos nos preguntamos quiénes eran aquellas personas sin derechos de las que hasta entonces no habíamos oído hablar, las autoridades indonesias recurrieron a una pequeña aldea del norte de Sumatra, deshabitada desde el tsunami de 2004, para alojar a los cientos de inmigrantes indocumentados de Bangladesh y Birmania que eran rescatados a punto de morir en aguas de Aceh cuando intentaban escapar de la precariedad y la muerte.
Porque el problema de la migración no sólo afecta a Europa; países del sudeste asiático se ven igualmente desbordados por quienes huyen de su país en busca de un destino mejor que el proporcionado por su lugar de nacimiento. Y en el país que los rohingyas consideran su hogar, Birmania (Myanmar), las autoridades no los reconocen como ciudadanos porque mantienen que proceden de Bangladesh, donde, por supuesto, tampoco son reconocidos.
Considerado por Naciones Unidas como el pueblo más perseguido del mundo, los rohingyas sufren de desnutrición crónica, lo que afecta de manera definitiva a su desarrollo físico y mental. “En realidad, los rohingya no son gente de Birmania, no son del mismo grupo étnico. Su tez es marrón oscuro y nuestro cutis es suave, somos guapos también. Ellos son feos como ogros”, declaraba en 2009 un alto diplomático de Birmania, país con enorme diversidad étnica y lingüística donde se calcula que existen 135 grupos oficialmente reconocidos.
Pero, ¿por qué los rohingya no? Por supuesto, la cuestión religiosa desempeña un papel importante en este apartheid tan poco conocido internacionalmente. Birmania es un país budista y sus ciudadanos ven en el islamismo de los rohingya una amenaza, incrementada por el hecho de compartir fronteras con Bangladesh, un país de mayoría musulmana.
En mayo de 2012 ya fueron víctimas de un grave brote de violencia antimusulmana instigada por el llamado movimiento 696 – teóricamente ilegalizado y cuyo nombre responde a los nueve atributos de Buda, los seis de sus enseñanzas y los nueve de la orden budista -, cuyo líder, el monje budista Ashin Wirathu, asegura que hay evidencias históricas de que los rohingya son inmigrantes ilegales incapaces de coexistir en paz.
Y el Gobierno birmano ha venido secundando en el tiempo esta política anti rohingya, con recurrentes brotes de violencia como el último ocurrido en el pasado mes de agosto que ha provocado la actual huida dramática que llena cada día más el campo de Cox Bazar. En el gueto de Aungmingalar y la docena de campos de desplazados del Estado de Rakhine, donde viven en condiciones infrahumanas, ya no queda sitio ni hay seguridad.
Sobreviven gracias a las raciones que reparte el Programa Mundial de Alimentos y al trabajo de diversas ONG internacionales que han sufrido, por otra parte, los ataques de budistas extremistas. Naciones Unidas alerta de la desgracia de un pueblo “sin amigos y sin tierra” y la ONU hace tiempo que aprobó una resolución en la que urgía a Birmania a dar acceso a la ciudadanía a los rohingya, una minoría que es el 5% del total de los 60 millones de habitantes del país.
La represión por parte de las fuerzas del Gobierno birmano tras los ataques del 25 de agosto por insurgentes en Rajine es para el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos una “limpieza étnica” en toda regla. Por eso, nos encontramos frente a uno de los éxodos más dramáticos que recuerdan las organizaciones humanitarias.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que, desde el 25 de agosto, al menos 688.000 rohingya han cruzado la frontera, lo que ha elevado la cifra de refugiados por encima de los 900.000. En total, se calcula que 1,2 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en Cox Bazar, según un balance que computa también a la población local.
El máximo responsable de Acnur, Filippo Grandi, ya ha advertido ante el Consejo de Seguridad de que sigue sin haber condiciones para que se produzca una vuelta “voluntaria, segura y en condiciones dignas” de los rohingya. Así que, por el momento, y ante la parálisis política, los trabajos se concentran en garantizar los servicios y suministros más básicos en los campos de refugiados, donde la temporada de tifones amenaza con anegar unos precarios enclaves, con el riesgo que ello conlleva para el desarrollo de epidemias y enfermedades.
La directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el sudeste asiático, Poonam Khetrapal Singh, ha destacado los esfuerzos emprendidos para prevenir el cólera y controlar los brotes de sarampión y difteria, pero recuerda que “la magnitud de la crisis requiere de un trabajo continuo y de generosas contribuciones”. El plan de respuesta coordinado entre todas las organizaciones precisa de 434 millones de dólares, de los cuales se ha recaudado hasta el momento casi el 70 por ciento, según datos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.
