El rechazo de la justicia alemana a entregar a Carles Puigdemont a España por el delito de rebelión ha desatado la guerra de la justicia española. El Supremo y la Fiscalía no piensan quedarse sin hacer nada. Además, consideran que ha habido extralimitación de los tribunales alemanes en la legislación española.
El Ministerio Público considera «inadmisible» la intromisión de Alemania en la justicia española y estudian recurrir al Tribunal Europeo. De hecho, han adelantado ya en una nota de prensa que ejercerán «las acciones pertinentes para la protección y defensa del orden jurídico europeo».
El juez Llarena quiere impedir así que sea Alemania la que marque el alcance de un futuro juicio contra Puigdemont. El magistrado además valora acudir a tribunales internacionales para que los tres jueces del Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein dejen fuera del proceso contra Puigdemont el delito de rebelión, el más grave de los que se le imputan.
Y es que podría darse la paradoja de que, eliminando la rebelión, Puigdemont pudiera ser juzgado por delitos con penas menores que el resto de encarcelados.
Futuro a corto plazo
En caso de ser extraditado, Puigdemont será enviado a prisión en cuanto llegue a España. La gravedad del delito, aunque solo le atribuyeran malversación, y el evidente riesgo de fuga argumentarían la adopción de medidas cautelares graves como es permanecer en prisión.
Además, el delito por el que se acepte la extradición de Puigdemont es clave para su carrera política. Si sólo es procesado en firme por malversación, no podría ser suspendido de cargo público antes del juicio y habría que esperar a la sentencia. Algo que no ocurre en el caso de Junqueras y Jordi Sánchez. Ambos, acusados de rebelión, podrían ser inhabilitados antes de sentencia en firme.
