El Tribunal Supremo ha confirmado la condena al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, de un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia. La condena se le impone a Quim Torra por desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC) al no retirar la pancarta sobre los presos y los lazos amarillos del Palau de la Generalitat durante el periodo electoral de abril del pasado año 2019.
Además de la inhabilitación de su cargo, el Tribunal Supremo también condena a Quim Torra a pagar una multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público. En la sentencia se considera que Quim Torra “desobedeció de forma reiterada y contumaz las órdenes de la Junta Electoral Central (JEC) para que retirase determinada simbología de edificios públicos dependientes de la Generalitat durante el proceso electoral de las elecciones generales convocadas para el 28 de abril de 2019, al estimar la Junta que vulneraban la neutralidad exigida a las administraciones públicas en esos procesos”.
Quim Torra deberá abandonar el Palau de la Generalitat al tener prohibido ejercer cargo público
El alto tribunal ratifica así la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), y también concluye que desatender las órdenes de la Junta Electoral Central en periodo electoral debe ser considerado como delito de desobediencia.
Ahora el Supremo remitirá al tribunal catalán la resolución para que ejecute la pena de inhabilitación, una vez notificada la sentencia. Según informa La Vanguardia, esto supone que de manera automática, una vez quede ejecutada, Quim Torra deberá abandonar el Palau de la Generalitat al tener prohibido ejercer como cargo público durante el periodo establecido de un año y medio.
Delito de desobediencia
Los cinco magistrados que han confirmado la condena, han debatido sobre si incumplir una orden de la JEC supone haber cometido de un delito. Por su parte, Quim Torra reconoció en todo momento que no había atendido a los requerimientos de la JEC de retirar la pancarta y lazos amarillos, pero igualmente también negó que fuera responsable penalmente de ello.
El abogado de Quim Torra trató de convencer al tribunal de que la actuación del todavía presidente catalán formaba parte de un acto político en la vista para defender el recurso de casación presentado contra la sentencia del TSJC.
