El Gobierno de Trump ha dado luz verde a la detención indefinida de familias de inmigrantes. Y avisa de que estudia “seriamente” eliminar el derecho de nacionalidad por nacimiento.

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Trump permitirá así que las familias de inmigrantes puedan permanecer detenidas de manera indefinida. Sustituye así el acuerdo de 1997 que limitaba este tiempo de arresto a un máximo de 20 adías en aras del bienestar de los niños.

La nueva normativa será, previsiblemente, impugnada en los tribunales. Pero está llamada a reemplazar el denominado Acuerdo Flores, un pacto que implica la liberación de las familias en 20 días. Algo que, en opinión del actual Gobierno, incita a los inmigrantes a entrar en EEUU con niños.

El propio Trump ha justificado la reforma como una “necesidad humanitaria urgente”. Ante el aluvión, asegura, de la llegada de migrantes centroamericanos. “Para proteger a los niños de los abusos y detener el flujo ilegal, debemos cerrar los vacíos legales”, ha dicho el presidente americano.

“Ningún niño debería ser un peón”, ha afirmado el secretario en funciones de Seguridad Interior, Kevin McAleenan. La nueva normativa será publicada este viernes en el Registro Federal y entrará en vigor 60 días después. Si antes no prospera alguno de los recursos interpuestos.

McAleenan confía en que sirva como medida disuasoria. Entre otras cosas porque, dice, sospecha que algunas familias serían “fraudulentas”, conforme a los análisis de ADN que se han realizado en los últimos meses.

Mano dura

Trump no ha dudado en presumir de tener mano dura contra la inmigración. La semana pasada anunció que negaría los visados y los permisos de residencia permanentes a inmigrantes sin recursos. Algo que podría reducir a la mitad el número de entradas a EEUU.

También ha admitido que estudiará “seriamente” eliminar el derecho de nacionalidad por nacimiento. Lo que dejaría en un limbo a los hijos de personas indocumentadas nacidas en el país.

En los últimos cuatro años, solo el 18% de los inmigrantes que fueron liberados en EEUU cumplió con una orden judicial para salir del país. El dato se eleva al 97% en el caso de quienes estaban detenidos.

La medida de Trump ha sido recibida con críticas por parte de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos. También por el Partido Demócrata.

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